El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este viernes en conferencia de prensa al anuncio del Gobierno referido al lanzamiento de una auditoría para identificar pensiones truchas por invalidez. En ese marco, mostró la insólita radiografía de un perro que presentó un médico de Corrientes en 2022.
«Para obtener una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, un médico correntino de dudosa ética profesional adjunto junto al certificado la radiografía de un perro con una particularidad. ¡Tiene la cola del perrito! Y le otorgaron la pensión», expresó indignado el portavoz mientras mostraba la imagen.
«Lo que suena increíble, porque uno puede confundir cualquier cosa ¿no?, es la cola del perrito… ¿Qué se pensaban que era? ¿Qué era la cola? Bue… Este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad», agregó.
El Gobierno anunció este viernes que pondrá en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 personas beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio.
Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”, porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión. En otras palabras, se busca identificar a personas que estén cobrando la pensión sin cumplir los requisitos legales para merecerla. Y dar de baja el beneficio. Además de abrir una causa penal. Si se comprueba esta hipótesis, se podría alcanzar un ahorro en el gasto en pensiones de unos 100.000 millones de pesos por mes.
Desde el Gobierno detallaron que en 2023 se gastó cerca de 3.400 millones de dólares, equivalente a más de medio punto del PBI. Estiman que un tercio de las pensiones por invalidez fueron mal otorgadas: el desvío llegaría a 1.000 millones de dólares.
«Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados», dijo Adorni este viernes. Y añadió: «Del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando».
El disparador de esta auditoría fue una denuncia presentada semanas atrás por el fiscal federal Guillermo Marijuán. La presentación pide que se investigue “el posible desarrollo de conductas delictivas en las que podrían encontrarse involucrados el ex presidente Alberto Fernández; así como los por entonces directores ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, y la otrora directora nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez».
Según Marijuán, el ex presidente y los funcionarios señalados «habrían defraudado al Estado Nacional, mediante la conformación y materialización de un plan sistemático desplegado en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destinándolos especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.