Una denuncia y un pedido de informes al Gobierno nacional de un conocido senador nacional por Tierra del Fuego pusieron al descubierto las idas y vueltas nacionales y provinciales alrededor de la instalación de un radar cercano a la localidad de Tolhuin. Es de una empresa estadounidense, cuya central en realidad está en Reino Unido.
El legislador Pablo Blanco reclama que la empresa dueña de la instalación en tierra fueguina, LeoLabs, hizo un acuerdo militar con los británicos, cuando hasta ahora afirmaba que sus operaciones “solo” civiles y científicas satelitales. Se informó el año pasado que se dedicaba a monitorear “basura satelital”.
Tras inmensas desprolijidades en las autorizaciones para dicha instalación, que algunos vecinos de la zona pidieron levantar y en especial los veteranos de la guerra de Malvinas, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana y la jefatura de Gabinete de Alberto Fernández pidieron frenar el inicio de sus actividades para luego desmantelarlo. Eso nunca ocurrió, y con la alianza de la administración de Javier Milei el radar sigue en su lugar. Muchos afirman que sigue operando y es una forma de “contrarrestar” en favor de Estados Unidos el centro de exploración lunar que China tiene en Neuquén por un acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner.
En el equipo de Luis Petri (Defensa) reenviaron la decisión y su opinión a la Secretaria de Asuntos Estratégicos que ahora comanda José Luis Vila y responde a Jefatura de Gabinete. En el equipo de Vila confirmaron a Clarín que están “tratando el tema con “máximo rigor “. Y reconocieron: “no tomaremos ninguna decisión sin hacer las necesarias consultas técnicas con Defensa y otras áreas involucradas”, que actualmente, a diferencia del gobierno anterior, tienen una estrecha alianza militar y política con Estados Unidos y los países de la OTAN, organización a la que quieren entrar como “socios globales”. El consejo es no desmantelar el radar, afirman en Tierra del Fuego.
Pero la polémica en estas horas sigue y a ella se sumó el gobernador fueguino, Gustavo Melella, quien tras el anuncio de la nueva alianza de LeoLabs pide que saque en radar porque está “explicitado el rol militar que puede cumplir la tecnología que Leolabs ha desarrollado” y que “deja sin ningún fundamento a las actuaciones que la empresa perseguía en su intención de que se reconsideren las medidas tomadas por nuestro gobierno”.
Fue la influyente revista Space la que reveló hace unos días que LeoLabs proporcionará al Reino Unido el seguimiento y monitoreo del espacio y servicios para evitar colisiones, a través del Proyecto Tyche del Comando Espacial.
El Proyecto Tyche, un pequeño satélite construido por Surrey Satellite Technology Ltd programado para lanzarse a finales de este verano (europeo), forma parte del proyecto ISTARI del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según la publicación, LeoLabs no informó a cuánto asciende el contrato anunciado el 17 de julio pasado.
Pero ISTARI es un programa de mil millones de dólares destinado a «establecer una constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en órbita terrestre baja” indica Space, contradiciendo todo lo dicho en Argentina el año pasado.
Se indicó que LeoLabs proporcionará al Comando Espacial del Reino Unido el monitoreo persistente de objetos seleccionados basados en el espacio. «LeoLabs se enorgullece de apoyar al Comando Espacial del Reino Unido y al Ministerio de Defensa del Reino Unido a medida que da este paso significativo hacia el desarrollo de la primera constelación del Reino Unido de satélites [inteligencia, vigilancia y reconocimiento] en órbita terrestre baja», dijo el CEO de LeoLabs, Tony Frazier, citado por Space. «Esperamos actuar como un socio de misión crítica para el Reino Unido y sus aliados para esta y futuras misiones, permitiendo la seguridad continua del espacio».
Vale recordar que los británicos administran de manera unilateral las islas del Atlántico Sur, cuya soberanía reclama la Argentina, entre ellas las Malvinas. Además, el Reino Unido también maneja una importante porción de territorio antártico que se superpone al de Argentina y también al de Chile.
Qué dijo el Senador y qué Melella
En su pedido de informes al ministro de Defensa Luis Petri, el senador radical Blanco pidió información sobre el radar para la vigilancia espacial instalado en las cercanías de la ciudad de Tolhuin.
Blanco pidió conocer detalles sobre la conformación de una alianza estratégica de control militar espacial entre la empresa y el gobierno de Gran Bretaña; y saber “si el Gobierno permitirá la permanencia del radar o lo desmantelará”.
El legislador también quiere saber “las razones estratégicas desde el punto de vista de la defensa nacional y de la geopolítica que sustentarían tal decisión; informe por escrito, para que quede registro ante este Senado, de si considera o no un acto de traición a la Patria y de amenaza a la defensa nacional que el mencionado radar preste servicios de naturaleza militar al gobierno británico e informe si las autoridades del Ministerio de Defensa han mantenido comunicaciones o reuniones con sus pares de la República de Chile para abordar esta cuestión que también involucra a la seguridad espacial del país hermano”.
El gobierno de Tierra del Fuego, que fue el que en su momento permitió que el radar, habilitó la instalación en noviembre de 2022, luego de una negociación con el ex jefe de Gabinete Juan Manzur.
Melella, quien después de varios choques con Milei logró la permanencia de los subsidios para el complejo industrial en Tierra del Fuego y logró el envío de fondos nacionales para obras publicas en su provincia, se encuentra en un impasse estratégico con los libertarios.
Sin embargo, respecto al radar ahora dijo que es un tema importante en la opinión pública local. “No permitiremos un nuevo intento de expansión británico sobre nuestro territorio e intimaremos al urgente retiro de la empresa de nuestra provincia”, afirmó.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, aseguró: “hemos intentado al máximo poner fin a la presencia del radar en nuestra provincia mediante la acción de los ministerios nacionales pertinentes, que desde el minuto en el cual el radar fue definido como una amenaza a la seguridad nacional debieran haber intervenido para garantizar la in operatividad definitiva de dicho instrumento. Lo publicado por la empresa anula sus propios argumentos esgrimidos en la reconsideración presentada ante el Gobierno nacional”.