Menos de 24 horas después de que LA NACION expusiera la trama de desidia y sospechas de corrupción en la licitación por el mantenimiento del avión presidencial, dejó su cargo una de las funcionarias implicadas, la directora de Logística, Florencia Gastaldi.
Si bien el Gobierno evitó pronunciarse públicamente, fuentes del sector confirmaron su salida, que se inició con la baja de su firma y usuario del sistema de documentación electrónica de la administración pública, conocido como GDE.
La funcionaria, cuya dependencia reporta a la secretaría general de la Presidencia al mando de Karina Milei, había asumido ese cargo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Tenía entre sus principales tareas la organización y coordinación de los vuelos de la flota aérea presidencial, conformada por tres helicópteros y tres aviones, así como también el llamado a licitación por la revisión obligatoria al ARG-01, el Boeing 757-256 que había sido adquirido por Alberto Fernández por 25 millones de dólares y que está fuera de servicio desde el 26 de junio por el vencimiento de los certificados necesarios para volar, debido a las dilaciones en la contratación de este servicio, que tiene un costo no menor a los 2 millones de dólares.
Entre las irregularidades comprobadas por LA NACION, se encuentra un contacto entre un allegado de Gastaldi y ex piloto de Alberto Fernández, Juan Pablo Pinto, quien se presentó por Whatsapp ante una de las empresas oferentes -que terminó siendo la seleccionada por la funcionaria- como “el único canal con el gobierno argentino y el único que puede lograr que se les adjudique la licitación”.
El llamativo contacto de Pinto con la empresa que participaba de la contienda había sido informado al Gobierno en junio por el propio dueño de la compañía, lo que ameritó la decisión de volver para atrás con el proceso licitatorio. Sin embargo, la funcionaria responsable siguió en su puesto hasta este lunes.
Ahora enfrenta una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, junto con Pinto y Sebastián Ibáñez, el titular de la Casa Militar, a quien reportaba directamente Gastaldi.
La abogada tiene, además, denuncias en su contra por el presunto alquiler informal del sector VIP de la base aérea presidencial en Aeroparque a empresas de vuelos privados.
Guadalupe VázquezFederico Teijeiro