Los datos que publican el Ministerio de Economía y la Anses relativizan –e incluso desmienten- que en los primeros ocho meses de la gestión de Javier Milei el poder adquisitivo de los jubilados “voló en dólares” y que sus ingresos se ubican “un 5% arriba en términos reales”. De tan altisonante, la frase del presidente desató una oleada de críticas de la oposición, que busca unir filas en el Congreso para resistir el veto a la ley que establecía una recomposición del 8,1% en los haberes y una nueva fórmula de movilidad.
Este mes las jubilaciones aumentarán un 4,03% conforme al índice de inflación de julio pasado. Con esta actualización el haber mínimo será de $234.540, pero como el Gobierno decidió mantener congelado este mes el pago del bono mensual -$70.000 mensuales, el mismo valor desde marzo pasado-, el ingreso total caerá en términos reales. Es lo que sucedió el mes pasado: según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los haberes mínimos (con bonos), cayeron 4,9% real respecto a diciembre.
En su informe de ejecución presupuestaria del mes pasado, la OPC da cuenta también que, “como consecuencia de la actualización de haberes por debajo de la inflación, parcialmente compensado por la aplicación de bonos otorgados a los jubilados y pensionados de menores ingresos”, el poder de compra promedio en estos siete meses cayó un 29,2% en términos reales respecto del mismo período de 2023. En tanto, los jubilados que cobran el haber mínimo perdieron un 18,5% interanual.
Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al mantener congelado el valor del bono, las jubilaciones mínimas sufrieron un recorte equivalente a $52.000. “Desde marzo, el bono compensatorio que vienen cobrando los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Los datos muestran que, mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y septiembre un 74,3%, al incluirse el pago del bono, la mínima sólo aumentó 48,9%. Si el bono se hubiese actualizado en la misma proporción, debería alcanzar los $122.010 en setiembre, es decir, $52.010 más de lo actual”, señala.
La licuación de las jubilaciones por efecto de la inflación fue clave para que el Gobierno pueda equilibrar las cuentas públicas e, incluso, ostentar superávit fiscal y financiero. Según la OPC, durante el primer semestre del año los gastos totales cayeron 29% interanual: cerca de un tercio de esta reducción se explicó por la caída real de las jubilaciones y pensiones.
El veto presidencial a la ley jubilatoria que sancionó el Congreso, la cual establecía una recomposición del 8,1% por la inflación no reconocida de enero pasado, confirma que el Gobierno no está dispuesto a sacrificar el equilibrio fiscal alcanzado pese al costo político que ello podría implicar. Incluso pese al riesgo de que la oposición, en el Congreso, intente nuevamente reunir los dos tercios de los votos de los legisladores presentes para insistir con la ley votada.
Si bien esta posibilidad se asoma por ahora difícil, sobre todo en la Cámara de Diputados, los opositores comenzaron a caldear el clima. La visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien mañana dará su primer informe de gestión en el recinto, marcará el termómetro. No será una sesión sencilla.
“El presidente vetó el aumento a los jubilados sancionado por ley en el Congreso. Ante un gobierno insensible, tenemos que insistir con la ley en defensa de nuestros adultos mayores”, enfatizó el jefe de la UCR, el senador Martín Lousteau.
“Para Milei, la casta son los jubilados”, sentenció, por su parte, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz. En el mismo sentido se expresó Juan Brugge, de Encuentro Federal. “Vamos a rechazar el veto”, anticipó.
Frente a la ofensiva, el jefe de bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, ensayó una justificación para el veto en nombre del oficialismo. “Se sancionó una ley que hoy el Poder Ejecutivo no puede pagar”, se sinceró.