Ya oficializado el veto total de Javier Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios, el Poder Ejecutivo devolvió la ley al Congreso y los bloques opositores comenzaron a medir fuerzas para insistir en la sanción, en principio sin la certeza de conseguirlo. Pese a que en las dos Cámaras las votaciones superaron los dos tercios, el Gobierno trabajará para evitar que esos resultados se repitan y los impulsores de la iniciativa reconocen que tendrán un escenario cuesta arriba.
La ley vetada disponía un incremento del 8,1% de las jubilaciones -para complementar el 12,5% que otorgó el Gobierno y alcanzar la inflación del 20,6% de enero-, fijaba que el haber mínimo no podía quedar debajo del valor de la canasta básica total de un adulto multiplicada por 1,09, contemplaba un aumento adicional en marzo de cada año si el RIPTE superaba la variación del IPC e imponía un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y con las cajas provinciales no transferidas.
En Diputados fue aprobada por 160 votos a favor, 72 en contra, ocho abstenciones y 16 ausencias. Más de dos tercios, con el aval de Unión por la Patria, el radicalismo, la mayor parte de Encuentro Federal, Innovación y la Coalición Cívica, entre otros. En el Senado se sumaron cinco miembros del PRO y el margen resultó todavía mayor: 61 positivos, ocho negativos y tres ausencias.
Antes de que el veto quedara confirmado con la publicación en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros, el Presidente se propuso recomponer el vínculo con Mauricio Macri y escenificó un acercamiento con el PRO con la reunión de legisladores en la Casa Rosada.
La ley volverá a Diputados, por haber sido la Cámara que arrancó el tratamiento, y tendrá que discutirse en comisión antes de ir al recinto. En esa etapa el Gobierno buscará operar con gobernadores con influencia en legisladores del radicalismo, Encuentro Federal, Innovación e incluso de Unión por la Patria. Con 15 rechazos más que en junio, el oficialismo alcanzaría los 87 votos en contra y se aseguraría que la oposición no reúna los dos tercios. Ese número podría ser más bajo con ausencias y abstenciones.
Como contó Clarín, en la Casa Rosada analizan alternativas para atenuar el costo político del veto y quitarles algo de presión a los «dialoguistas», desde acceder a la suba extra del 8,1% que establecía la ley a un incremento del bono de 70 mil pesos para las jubilaciones mínimas.
“Entre hoy y el miércoles vamos a tener charlas con todos los bloques que contribuyeron a la media sanción, para ver en qué situación estamos”, indicaron referentes de Unión por la Patria en Diputados. En caso de no alcanzar los votos necesarios (172 con asistencia perfecta), procurarán exponer a los opositores que cambien de postura.
“Ellos (por el oficialismo) van a tratar de que estén sentados los 257, pero hay que ver qué tanto pueden tensionar. Hay un montón de diputados que ya votaron a favor, y si se mueven por algo será, en un tema sensible que abajo está muy presente”, advirtieron en el bloque presidido por Germán Martínez.
En el Senado, los opositores tampoco expresaron confianza pese a la aprobación por amplio margen en esa Cámara. “Más que 61, la cuenta hay que hacerla sobre 49, la votación en la que menos sacamos”, se atajaron en referencia a los resultados en el debate en particular, apenas uno por encima de los dos tercios.
“Vamos a ver cuántos puede comprar el Gobierno y cuántos se dejan comprar. Con los radicales nunca sabés y con el PRO va a depender de cómo estén las milanesas en Olivos”, ironizó un senador de Unión por la Patria, y admitió que también deberán evitar fugas propias, como sucedió en la Ley de Bases con el capítulo del RIGI.
“Es un proyecto del radicalismo y debe sostenerlo con los dos tercios en las dos Cámaras”, fijó posición Martín Lousteau, por lo general más crítico del Gobierno que la mayoría de sus correligionarios.