Aunque el jefe de Gabinete Guillermo Francos había explicitado días atrás la obviedad de que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para insistir con la eliminación de las PASO en el Congreso, en el Gobierno evalúan volver a la carga con la eliminación de las primarias.
El nuevo argumento, que chocará con la realidad política en el Palacio Legislativo, es que esos fondos alrededor de $50 mil millones servirían para financiar parte del presupuesto educativo, uno de los capítulos más acalorados del Presupuesto que está en discusión en el Congreso.
«No nos dan los números«, se había sincerado Francos ante esa posibilidad. Más factible y redituable en una de las materias que más ocupa al Gobierno, el relato del avance sobre la casta, es la idea de modificar la ley de financiamiento de partidos políticos que obliga al Estado a cubrir parte de los gastos de las fuerzas, una obligación constitucional.
El presidente de la comisión de Presupuesto y probable candidato en 2025 en la Provincia, José Luis Espert, había convocado a una conferencia de prensa en Diputados el martes para anunciar el proyecto. La salida de Diana Mondino de la Cancillería, la decisión de que la Casa Rosada capitalice la iniciativa obligaron a darla de baja y el enojo del PRO obligaron a postergar la cita.
En la bancada macrista no cayó bien que LLA y Espert quisieran «adueñarse de la agenda» y el anuncio. La primera alternativa para completar el financiamiento había sido eliminar la obra pública en las provincias, una opción que no puede avanzar por los compromisos asumidos por la Casa Rosada con los gobernadores. Luego, apareció la alternativa con futuro incierto de recortar fondos políticos- -porque se trata de una obligación constitucionales- y, otra vez, la posible eliminación de las PASO.
Aliados del Gobierno que interceden en el vínculo con los rectores universitarios señalan que las casas de estudio están dispuestas a firmar una tregua y a acordar con el Gobierno si se aumentara alrededor de un billón de pesos los fondos para universidades. El Presupuesto actual dispone de $3.8 billones para las universidades, pero los rectores -según sugieren algunos de sus interlocutores en el Congreso- advierten que no está contabilizado el último aumento paritario (6.8%) y reclaman $2 billones más, aunque según esas mismas fuentes estarían dispuestos a cerrar el acuerdo por la mitad.
En el macrismo prefieren cerrar el capítulo de tensión con las universidades. La Rosada encuentra rédito en la confrontación. Si no consigue voluntades que los acompañen, el Gobierno podrá insistir en que la política no quiere perder sus privilegios.
Según marca la ley 26.215, los partidos se financian por dos vías, el fondo partidario permanente y los aportes de campañas que deben informarse a la Cámara Electoral. El primero se compone por un monto que adjudica el Ejecutivo en el Presupuesto y por diferentes sanciones y multas que deben pagar las distintas fuerzas. Por el Presupuesto de 2023 y el prorrogado en 2024 los partidos se repartieron $1.162.547.211.
En el Gobierno exageran y hablan de replicar el modelo de financiación privada que existe en los Estados Unidos, que se se solventa principalmente a través de la financiación de los afiliados y adherentes a los distintos partidos.
En el borrador del Presupuesto que el el Congreso discute por estas horas la dirección nacional electoral (DINE) tiene asignados $326.905 millones para la ejecución de actos electorales mientras que la subsecretaría de Asuntos Políticos cuenta con un presupuesto de $694 millones para capacitación de dirigentes políticos.
El oficialismo pretendía otorgar la mitad de las partidas disponibles para todos los partidos que se presenten y el resto, según el resultado que tuvieron en las últimas elecciones. El oficialismo plantearía habilitaría que el aporte de los privados -un casillero siempre opaco- pase del dos por ciento actual 20.
En LLA se ilusionan con la posibilidad de sumar voluntades entre los bloques aliados, que por ahora no prestan su conformidad. El presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro defenestró la iniciativa oficial. «El sostenimiento de los partidos políticos (establecido por la Constitución) son ‘dos mangos’, unos $3.624mm -fondo partidario permanente y capacitación- que representan el 0.12% del presupuesto total de las universidades. Difícil que con esa plata recompongan algo del ajuste”, señaló el lilito.
El PRO y la Coalición Cívica habían acercado propuestos para quitar la obligatoriedad de las PASO, pero la UCR descartó esa alternativa. El veto radical hirió de muerta cualquier cambio, porque el oficialismo necesitaría 129 votos efectivos, porque se trata de materia electoral.