Con las repercusiones de la condena a Cristina Kirchner aún frescas, Diputados buscará darle media sanción este miércoles al proyecto de Ficha Limpia que impide que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas. Si bien la mayoría de las bancadas quieren darle luz verde, hay pedidos de modificaciones clave que tensan la discusión y la norma necesita de una mayoría especial- 129 votos afirmativos– para ser aprobada.
Hay legisladores que insistirán con incluir otro tipo de delitos, no solo corrupción; que la norma aplique a funcionarios públicos y que se retoque la redacción sobre la necesidad de una instancia confirmatoria de la condena antes de que se imponga el impedimento de ser candidato.
Las bancadas se reunirán entre lunes y martes para terminar de consensuar posturas puertas adentro y en base a eso negociar las posibles modificaciones con la legisladora del PRO, Silvia Lospennato, quien está coordinando la movida.
En septiembre se dictaminaron cuatro proyectos. El de mayoría fue firmado por el PRO, La Libertad Avanza y la UCR tiene firmas en disidencia de la Coalición Cívica y de Danya Tavela, hoy integrante del bloque radical Democracia para Siempre (DpS).
El texto consta de un simple artículo que establece que no pueden ser precandidatos los condenados por: cohecho y tráfico de influencia, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y encubrimiento.
Acto seguido se plantea que esto empezará a correr a partir de que «exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente».
Este punto fue uno de los ejes del debate. Se discutió sobre si debía ser condena firme o en primera o segunda instancia. «No es lo mismo segunda instancia que doble conforme. ¿Y si la primera instancia absuelve pero frente a una apelación el tribunal superior condena?», se quejaban.
Si bien la redacción plantea la confirmación de un tribunal superior algunos le objetan que la redacción no es correcta y quieren modificarla.
Encuentro Federal había presentado otro texto encabezado por Margarita Stolbizer, mientras que el radical Fernando Carbajal tiene un tercer proyecto. Por último, Unión por la Patria -que siempre se opuso a esta iniciativa- esta vez también firmó un proyecto propio.
El tema ha sido debatido en ocasiones anteriores y, aunque se lograron dictaminar dos veces, en 2017 y 2019, los proyectos nunca llegaron a ser votados en el recinto. Esta sería la primera vez que eso podría ocurrir.
Si se aprueba como ley, la expresidenta quedaría inhabilitada para presentarse en las próximas elecciones, ya que la Cámara de Casación confirmó el fallo de primera instancia que la condenó en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.