El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, ha decidido prorrogar el Presupuesto 2023 para el año 2025, tras la caída de las negociaciones en el Congreso. Esta medida, oficializada mediante el Decreto 1131/2024, ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico del país.
La prórroga del Presupuesto 2023 se debe a la falta de consenso del Gobierno en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto para el año 2025. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por negociar con la oposición y los gobernadores, no se logró alcanzar un acuerdo antes del cierre de las sesiones ordinarias.
Esta es la segunda vez que la gestión de Milei extiende el plan presupuestario vigente, ya que el presupuesto de 2023 también fue prorrogado para el año 2024. El Decreto 1131/2024 establece que, a partir del 1 de enero de 2025, regirán las disposiciones de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, con las adecuaciones necesarias para ajustarse a las demandas específicas del 2025.
El decreto instruye al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias durante el próximo año, en el marco de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
La decisión de prorrogar el presupuesto ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores del oficialismo han defendido la medida, argumentando que es necesaria para garantizar la operatividad del Estado y la continuidad de los servicios esenciales.
Sin embargo, la oposición ha criticado duramente la prórroga, señalando que socava la transparencia y dificulta la búsqueda de acuerdos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Impacto
La prórroga del presupuesto tiene importantes implicaciones para la economía argentina. El presupuesto inicial de 2023, que ascendía a $40.2 billones, fue ampliado durante 2024 mediante decretos presidenciales hasta alcanzar los $95.9 billones, un incremento del 138,4% debido a la alta inflación de los primeros meses.
La continuidad de este presupuesto implica que el Gobierno tendrá un margen de discrecionalidad en torno a los $20 billones, lo que podría generar incertidumbre en los mercados financieros. El Gobierno de Javier Milei enfrenta varios desafíos para consolidar la recuperación económica del país.
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