El FMI admite el impacto social de sus medidas de ajuste, pero pide profundizar ese rumbo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó recientemente un análisis sobre el programa acordado con Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la gestión del entonces ministro de Economía Martín Guzmán, que refinanció la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018. Este informe pone en evidencia las consecuencias nocivas de las políticas de endeudamiento y ajuste impulsadas por los gobiernos argentinos en connivencia con el FMI, que perpetúan la dependencia económica del país y el sometimiento de la clase trabajadora.

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El acuerdo Stand By de 2018 entre el FMI y el gobierno de Macri representó el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo, más de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron cerca de 44 mil millones. Este préstamo, destinado a estabilizar la economía y contener la fuga de capitales, no logró su objetivo y dejó a Argentina en una situación de grave endeudamiento y desequilibrio macroeconómico. En lugar de investigar la legalidad y legitimidad de esta deuda, el gobierno de Alberto Fernández optó por refinanciarla mediante un nuevo programa acordado en 2022. Una gran estafa al pueblo trabajador.

Según el FMI, el programa implementado bajo la gestión de Guzmán buscaba restaurar la sostenibilidad de la deuda y fomentar el crecimiento económico mediante reformas estructurales y políticas de ajuste fiscal. Sin embargo, los resultados obtenidos han estado muy lejos de los prometidos. La economía argentina se encuentra estancada, con altos niveles de inflación, pobreza y desempleo, mientras que el peso de la deuda externa sigue siendo una carga insostenible para el país. No sorprende, las viejas recetas del Fondo sólo aumentaron la decadencia nacional y el empeoramiento en las condiciones de vida del pueblo trabajador. Al mismo tiempo que tal como se lee en el informe «se establecieron criterios de desempeño cuantitativos y reformas estructurales para monitorear la implementación», es decir, aumentó la injerecia del organismo sobre el rumbo del país. Esto implicó una agenda de revisiones trimestrales de metas fiscales y monetarias a las que estaban sujetos los desembolsos.

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Para la Fase 2022-2023, el Fondo consideró que el programa enfrentó serias dificultades debido a shocks externos como la guerra en Ucrania y una sequía severa. Además, la implementación de políticas fue débil, especialmente antes de las elecciones de 2023. Esto resultó en inflación descontrolada, caída de reservas y una crisis económica al final de 2023. Respecto al año 2024, el organismo señaló que la elección de Javier Milei marcó un giro hacia la estabilización macroeconómica, con una consolidación fiscal drástica y una devaluación del 120%. Estas medidas ayudaron a reducir la inflación, mejorar las reservas y estrechar la brecha cambiaria, aunque a un alto costo social y económico. El informe concluye que, si bien el curso correctivo de 2024 representa un avance, la resolución completa de los problemas de balanza de pagos de Argentina sigue siendo un desafío complejo.

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El único objetivo que busca el FMI es garantizar el pago de la deuda, para eso insiste con reducir el gasto público y mantener a raja table la austeridad fiscal. También con medidas que beneficien a las multinacionales, como el levantamiento del cepo cambiario. El acuerdo con el FMI incluye también exigencias de reformas estructurales y devaluaciones de la moneda que profundizan la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Los diistintos gobiernos macristas y peronistas, han garantizado este saqueo, Milei sigue el mismo rumbo.

Desde el Frente de Izquierda y La Izquierda Diario, se ha denunciado sistemáticamente este modelo de endeudamiento y ajuste como un mecanismo de subordinación imperialista que condiciona la soberanía económica y política del país. La deuda externa, tanto la contraída por Macri como la refinanciada por Fernández, es considerada ilegítima e ilegal, ya que no generó ningún beneficio para la mayoría de la población y fue destinada principalmente a beneficiar a especuladores y la fuga de capitales.

La experiencia histórica demuestra que los acuerdos con el FMI no son una solución, sino parte del problema. ‘Honrar’ la fraudulenta deuda externa en beneficio de los buitres especuladores y del FMI ha llevado a catástrofes económicas y sociales permanentes en el país, como la hiperinflación de 1989-1990 o la quiebra de 2001. Frente a esta situación, desde la izquierda se plantea la necesidad de romper con el FMI y desconocer soberanamente esta deuda ilegítima, priorizando los intereses de las grandes mayorías y reorganizando la economía sobre nuevas bases.

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