San José, 9 feb (EFE).- El exembajador nicaragüense en Costa Rica y ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Mauricio Díaz, uno de los 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterados a Estados Unidos hace dos años, se preguntó este domingo: ¿Cuándo retornamos a Nicaragua?».
«A dos años del vuelo de la libertad, la pregunta obligatoria es: ¿Cuándo retornamos a Nicaragua?», escribió el exdiplomático, de 74 años y ahora desnacionalizado y privado de sus bienes, en un mensaje en sus redes sociales en ocasión del segundo aniversario de su liberación y a su vez destierro ordenado por el presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo,
Díaz, que fue embajador en Costa Rica entre 2000 y 2004, y representante ante la OEA entre 1999 y 2000, es uno de los 35 adultos mayores expatriados que este domingo emitieron un pronunciamiento para recordar el segundo aniversario de su excarcelación.
«A dos años de nuestra excarcelación, nuestra situación continúa siendo sumamente frágil», aseguraron integrantes del grupo de los 222 nicaragüenses expatriados el 9 de febrero de 2023.
Y advirtieron: «Más de 35 de nuestros hermanos mayores de 60 años enfrentan serios problemas de salud, carecen de redes de apoyo familiar y encuentran enormes dificultades para reintegrarse social y laboralmente, lo que les impide alcanzar la autosostenibilidad financiera».
«A esto se suma el dolor de quienes aún no han logrado la reunificación familiar con sus cónyuges, hijos e hijas» en Estados Unidos, agregaron.
Esos opositores y críticos con el Gobierno sandinista explicaron que algunos han solicitado peticiones de asilo en EE.UU., sin respuesta aún, aunque confiaron en que las autoridades de ese país «considerarán estas peticiones con la pertinencia que corresponde».
Piden iniciar acción judicial por apatridia
Asimismo, hicieron un llamado urgente a los Estados Partes de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia a que inicien una acción judicial contra el régimen de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
«El Estado nicaragüense se ha convertido en una auténtica fábrica de apátridas, vulnerando de manera sistemática el derecho de miles de ciudadanos a una nacionalidad. Esta grave violación del derecho internacional ha provocado el sufrimiento de innumerables nicaragüenses que han sido arbitrariamente desnacionalizados o a quienes se les ha prohibido regresar a su tierra natal», argumentaron.
A juicio de ese grupo, es «imperativo que los Estados firmantes del tratado hagan valer sus compromisos y actúen para detener esta tragedia humanitaria, defendiendo los principios universales de dignidad, identidad y pertenencia».
Además, hicieron un llamado a los «países amigos» para que apoyen de manera inmediata la reinserción de los más de 30 nicaragüenses desnacionalizados (de un grupo de 135) que fueron enviados en septiembre pasado a Guatemala.
También a los cientos de nicaragüenses que han sido «arbitrariamente» impedidos de regresar a su patria, «convirtiéndose en apátridas de facto por un régimen que desconoce los principios más básicos del derecho internacional, sumiéndolas en el desarraigo y la incertidumbre».
«Urgimos a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre la dictadura de Ortega-Murillo para lograr la liberación inmediata de las decenas de presos políticos que permanecen injustamente encarcelados en condiciones inhumanas, sufriendo tratos crueles y degradantes, en abierta violación de sus derechos fundamentales», abogaron.
En el texto, ratificaron su compromiso de «seguir luchando con determinación hasta lograr la salida de la dictadura Ortega-Murillo, porque «solo entonces podremos regresar a nuestra amada Nicaragua».
Asimismo, rindieron homenaje al empresario Michael Healey, uno de los 222 presos políticos expatriados y que murió en el exilio; y animaron a los nicaragüenses, «quienes luchan en silencio contra el régimen de terror e intimidación, a que continúen firmes en la resistencia», porque «su coraje y determinación son la chispa que mantiene viva la esperanza de una Nicaragua libre».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».EFE