«Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y estamos cumpliendo», celebró el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en redes sociales
07/02/2025 – 19:55hs
Este miércoles, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que no habrá más financiamiento a los partidos políticos en el país, luego que el Congreso aprobara una reforma constitucional que, en entre otros tópicos, permitirá eliminar la distribución de fondos públicos a los espacios.
«Prometimos eliminar la deuda política», inició Bukele en un tweet que compartió ese mismo día. Seguidamente, reconoció que el cumplimiento de una de sus promesas electorales llevó más tiempo del ideado, debido a la necesidad de modificar la Constitución, pero aún así «escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo». «No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», ponderó.
Cómo se logró la modificación
Para avanzar con tal desfinanciamiento, los legisladores debieron votar a favor de la reformulación del Artículo 210 de la Constitución de El Salvador donde se establece que «el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia».
En la ley secundaria, se debió modificar también la Ley de Partidos Políticos que, en su Capítulo II, Artículo 52, detalla el derecho que tienen los partidos políticos o coaliciones que participan en las elecciones «a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válidos que obtengan en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, para diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa, y para Concejos Municipales».
El presidente salvadoreño Nayib Bukele junto a su par argentino, Javier Milei
Previo a la votación de este miércoles, el diputado de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, fue consultado sobre su posición ante la modificación de la Constitución y el desfinanciamiento a los espacios, a lo que respondió: «Sí, nosotros podemos quitar la deuda política, para nosotros no es problema, pero las preguntas van a ser diferentes: entonces, ahora, ¿quiénes van a financiar a los partidos políticos? ¿Será que los narcos van a financiar a los partidos políticos? ¿Será que fuerzas oscuras van a financiar a los partidos políticos? ¿Quién los va auditar, si no son fondos del Estado? ¿Ahora los partidos políticos cómo van a hacer?», dejando más dudas que certezas.
Cómo se financiarán a raíz de los cambios
Ahora los partidos políticos salvadoreños ya no recibirán financiamiento público basado en los votos obtenidos en las elecciones y solo dependerán exclusivamente de los aportantes privados. Esto implica que los partidos deberán recaudar fondos a través de donaciones de interesados en sus propuestas, aportes de sus miembros y simpatizantes, eventos de recaudación y otras estrategias que puedan llevarse adelante en el ámbito privado.
No obstante, para evitar el posible donativo con dinero proveniente de negocios ilícitos, resulta necesario que estas fuentes de financiamiento se adhieran a las regulaciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos y otras normativas pertinentes, con el fin de garantizar la transparencia. Este modus generó que algunos sectores consideraran que podría favorecer a aquellos con mayor capacidad para atraer donaciones privadas, sin que esto signifique una mejor propuesta electoral para la ciudadanía. En tanto, otros destacaron la reducción de la carga financiera para el Estado y la promoción de una mayor autonomía de los partidos.
Cuánto se ahorró el Estado salvadoreño
En la última elección, el Gobierno de El Salvador se vio obligado a pagar $38.4 millones, y el Ministerio de Hacienda únicamente tenía presupuestado gastar unos 500.000 de dólares exponiendo la insuficiencia de los fondos para solventar las campañas. En aquel entonces, la disputa contra los recortes de las dependencias del Estado que, claramente responden al presidente Bukele, habían generado disgusto entre los candidatos y dirigentes.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, intimó al Gobierno recordándoles que la deuda pública es reconocida como un derecho de los partidos políticos y buscar «dar un margen de independencia a los partidos respectos a los sectores económicos que tengan intereses políticos». De acuerdo a un relevamiento de Acción Ciudadana, los partidos políticos estaban solicitando sumas que superaban ampliamente los recursos que el Estado estaba dispuesto a ceder: el partido Nuevas Ideas solicitó unos $8.5 millones; GANA pidió $6.7 millones; ARENA exigió $4.9 millones; el FMLN unos $2.6 millones. En términos menores, el PCN pidió unos $731 mil; el PDC, $316 mil; VAMOS, $151 mil; Nuestro Tiempo, $106 mil; y, por último, DS con unos $60 mil.