En un fallo que pone en el centro de la escena el manejo de fondos públicos, el exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, fue declarado culpable por administración fraudulenta y uso de documento ideológicamente falso, en el marco de un plan nacional de viviendas ejecutado entre 2014 y 2015. La Justicia determinó que el entonces jefe comunal presentó una declaración adulterada para conseguir el último desembolso de un convenio con Nación, pese a que solo se había cumplido la mitad de lo prometido.
El plan ACU994 establecía la construcción de doce viviendas en seis meses, con fondos liberados por etapas según el avance de la obra. Reggioni gestionó tres de los cuatro pagos previstos, pero aseguró falsamente haber alcanzado el 75% de ejecución para habilitar el último desembolso. La evidencia mostró que solo seis viviendas estaban finalizadas o en proceso, equivalente al 50% del proyecto.
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El punto central de la condena fue la declaración jurada presentada en agosto de 2015, que no contaba con la firma técnica necesaria y reflejaba un estado de avance inexistente. El tribunal no encontró pruebas de que Reggioni se hubiera apropiado personalmente del dinero, ni que falsificara documentos materiales, pero consideró grave su rol como funcionario al avalar una rendición engañosa.
El fallo también resolvió la absolución de los otros imputados: tres presidentes de cooperativas y una intermediaria informal, cuya participación fue desestimada por falta de pruebas o irregularidades en la acusación. En algunos casos, se retiraron las imputaciones por decisión de la fiscalía, y en otros, se constató que no se les permitió ejercer una defensa adecuada.
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Sobre Reggioni, el tribunal aclaró que el último desembolso de Nación fue realizado en 2016, ya fuera de su mandato, y que no está demostrado que el perjuicio económico derivado haya sido causado por su gestión. Sin embargo, subrayaron que el uso de documentación falsa para conseguir fondos públicos constituye una falta grave a sus deberes como intendente.
Ahora, la causa avanzará hacia una nueva etapa: la fijación de la pena para el exjefe comunal. En paralelo, el tribunal instó al Ministerio Público Fiscal a investigar las múltiples inconsistencias administrativas y la ruta del dinero no esclarecida.