Las protestas sociales son una herramienta legítima para visibilizar reclamos y exigir derechos, pero cuando se extienden en espacios públicos clave y obstaculizan el funcionamiento institucional, suelen derivar en tensiones con las autoridades.
En la provincia de Neuquén, se llevó a cabo la toma del acceso a la Casa de Gobierno ,durante varios días. La protesta protagonizada por comunidades mapuche buscaba avanzar en el reconocimiento legal de sus personerías jurídicas, una demanda que combina reivindicaciones culturales, territoriales y administrativas. Sin embargo, permanecer en la vía pública entorpecía el tránsito y las actividades gubernamentales, lo que activó mecanismos judiciales de desalojo.
Cabe recordar que desde el martes 15 de julio, las comunidades mapuche habían bloqueado el acceso a la Casa de Gobierno encadenándose como forma de protesta. El sábado, la Justicia emitió una denuncia penal por “perjuicio a la paz social”, y la mañana del domingo notificó el desalojo urgente, dando un plazo de dos horas para abandonar el lugar. El corte afectó la circulación de empleados públicos y peatones de la zona central.
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En total fueron detenidas 17 personas, entre ellos 11 hombres y 6 mujeres
Archivo-Infobae
El mediodía del domingo 20 se llevó a cabo un operativo de desalojo en la intersección de calles Roca y Rioja, frente a la Casa de Gobierno de Neuquén. Allí permanecían desde hacía varios días integrantes de las comunidades mapuche Lof Kelv Kurá, Lof Fvta Xayen, Lof Newen Kurá y Lof Ragilew Cárdenas, encadenados en reclamo por la personería jurídica. Las autoridades provinciales precisaron que el operativo se realizó con cuidado, aunque se registraron momentos de tensión, con empujones e insultos.
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“No vamos a permitir este tipo de extorsión”, señalaron sobre lo ocurrido con la protesta
Infobae
En total fueron detenidas 17 personas, entre ellos 11 hombres y 6 mujeres, algunas con menores a cargo, quienes fueron acompañados a sus casas por personal policial femenino. No se reportaron heridos, salvo un agente que recibió una mordida durante el procedimiento. El Gobierno provincial indicó que en el lugar hubo unas 30 personas, muchas de las cuales no pertenecían a las comunidades originarias, sino que eran simpatizantes como ceramistas y miembros del gremio docente ATEN Capital.
Las personas aprehendidas podrían enfrentar cargos por desacato y resistencia a la autoridad, y se informó que el Ejecutivo provincial elevará las denuncias correspondientes. Desde el Gobierno aclararon que no se niega el reconocimiento legal a las comunidades, pero sostienen que aún no cumplen con los requisitos administrativos para avanzar en el trámite: “No vamos a permitir este tipo de extorsión”, fue la frase oficial.