El conflicto comenzó cuando un hombre denunció que su expareja y madre de sus hijos ingresó sin permiso a un departamento de las 200 Viviendas de Cipolletti. Según la acusación, la mujer vive allí con su hijo de 8 años y una hija que tiene un bebé de pocos meses.
La denuncia derivó en una audiencia judicial la semana pasada, donde la jueza Sonia Martín imputó a la mujer por usurpación, pero rechazó el pedido de desalojo inmediato, priorizando el interés superior de los menores.
Antecedentes y detalles del caso
En la audiencia se reveló que la pareja tuvo una larga relación y que el departamento fue adquirido cuando ya había nacido la hija mayor. Vivieron allí varios años.
Tras separarse, la vivienda fue ocupada por terceros que fueron desalojados por orden judicial el pasado 12 de abril. Dos días después, la mujer ingresó al inmueble con familiares.
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El fiscal Diego Vázquez afirmó que la Policía constató la ocupación y que hubo intimaciones y negociaciones que no prosperaron. El abogado querellante, Sebastián Caldiero, aseguró que la mujer conocía que la vivienda había quedado libre y calificó el ingreso como “clandestino”.
En defensa, el Defensor Oficial Mario Nolivo negó la clandestinidad y recordó que el ingreso fue diurno, sin rotura de cerraduras, y que existía un vínculo familiar y un historial de convivencia en el lugar.
Discusión por el desalojo
Mientras el fiscal inicialmente no se opuso a que la familia permaneciera en el lugar, el querellante pidió el desalojo inmediato para evitar que la propiedad sea cedida a terceros. Finalmente, el fiscal adhirió al pedido.
Nolivo se opuso al considerar que sería una “sanción anticipada” antes del juicio.
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La jueza Martín, aunque formuló cargos por usurpación, decidió no ordenar el desalojo por la presencia de menores, advirtiendo a la mujer que no puede dañar, retirar objetos ni ceder la vivienda. El incumplimiento sería considerado desobediencia judicial.