En La Matanza, Fernando Espinoza y Fuerza Patria pretenden sacarle una amplia ventaja a La Libertad Avanza para compensar derrotas en otras regiones y poder ganar la Provincia de Buenos Aires. Ambas alianzas miran con atención la parte del electorado que dice estar “indecisa”, que superaría el 20 %. En ese camino, el peronismo en La Matanza intenta calcar la campaña de Patricia Bullrich, darle unos colores naranja y celeste y estamparla en los grandes carteles al costado de la Ruta Nacional 3, la ruta que cruza de par en par el partido.
La prédica sobre la llamada “inseguridad” y la criminalización de la pobreza son utilizadas por los partidos patronales para justificar el refuerzo de la presencia policial y la represión, tanto en las calles como en los barrios pobres. El peronismo, que gobierna el distrito desde 1983 y manejó la provincia durante 32 de los últimos 42 años, hizo del discurso de la “inseguridad” la excusa perfecta para intentar “poner orden” en los territorios castigados por la pobreza y la precarización. Esta prédica política se repite cada vez que hay un cierre de filas de las clases dominantes para atacar a la población trabajadora, como se ve hoy en este proceso de ajuste. En esta campaña electoral, camino a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el peronismo toma nuevamente esta opción.
Corrupción policial y un intento de lavado de cara
Desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la historia de la Policía en el Conurbano está cargada de denuncias de corrupción, alianzas con narcos, torturas y muertes en comisarías, gatillo fácil y hasta desapariciones forzadas de personas. A inicios de 2009 Luciano Arruga, un adolescente de 16 años, al negarse a cometer delitos para la Bonaerense, que utilizaba este mecanismo extorsivo para “reclutar” jóvenes en los barrios fue secuestrado y posteriormente desaparecido en manos de la Policía. Espinoza era intendente en ese momento, había asumido en 2007 (aunque desde 1999 era concejal y presidente del bloque peronista en el Concejo Deliberante).
Así lo denunció la Concejala mc Natalia Hernández, actual candidata por el Frente de Izquierda:
Cinco años después de la desaparición del joven, este escándalo de corrupción brotaba de las profundidades de las internas de las fuerzas policiales. En el año 2014, la corrupción que desnudó la banda de los jefes policiales impactó fuertemente en el Municipio: entre los once sospechosos, estuvieron involucrados cuatro suboficiales y tres subcomisarios. Unos buscaban en la zona a personas con antecedentes, los suboficiales los llevaban a las comisarías y finalmente los subcomisarios los amenazaban con armarles una causa penal en caso de no colaborar ante la extorsión. También robaban vehículos para después desarmarlos y vender sus piezas como autopartes. Fue un escándalo que salpicó por completo al Intendente Espinoza.
En 2012 Espinoza intentó mejorar su imagen, tomó como medida la política de la “seguridad democrática”. Ese año se instauró una sede de la Escuela de suboficiales Juan Vucetich dentro de la Universidad Nacional de La Matanza, que no solamente viola la autonomía universitaria ante el ingreso de las fuerzas de seguridad en una universidad estatal sino que, además, a principios de año se le agregó también la Tecnicatura Superior en Ejecución Penal, cuyo objetivo es la formación de los oficiales penitenciarios. Esta semana el intendente volvió a recibir a los nuevos oficiales de la Policía Bonaerense junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso.
En 2017, Carlos Orsingher, secretario de Seguridad de La Matanza, renunció tras las denuncias de corrupción policial. Apareció una escucha telefónica de dos comisarios de la Policía Bonaerense que hablaban sobre entregas de dinero y mencionaban que se le proporcionaba 350 mil pesos mensuales al secretario. Ahora, como si nada, Orsingher ocupa el cargo de secretario en el Concejo Deliberante de La Matanza.
Durante la pandemia, la Policía Bonaerense asesinó personas, reprimió y desalojó a centenares de familias de distintos barrios recuperados. En Rafael Castillo, Los Ceibos, Virrey del Pino, Ciudad Evita y a lo largo de todo el partido usaron la fuerza policial para expulsar a las familias más pobres que no podían pagar un alquiler o un espacio donde vivir con sus hijos.
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El de Lucas Verón, el 9 de julio de 2020, es uno de los crímenes policiales emblemáticos de la [Policía Bonaerense bajo la gestión de Axel Kicillof->https://www.laizquierdadiario.com/La-autopsia-confirmo-que-Lucas-Veron-murio-por-un-balazo-de-la-Bonaerense?gad_source=1&gad_campaignid=12777004057&gbraid=0AAAAADgc_A9wRb-WstgQqHm1UGscXF5mL&gclid=Cj0KCQjw2IDFBhDCARIsABDKOJ7K8WAlbyLAxxaHwiCAU31qbbeXroQD6YnsGXKNy7_q4MMCGHsO85kaAmK6EALw_wcB] y su ministro de Seguridad Sergio Berni, especialmente porque se produjo en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno del Frente de Todos en el marco de la pandemia de covid-19. En 2022, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Bonaerense asesinó a Esteban Bellido en Virrey del Pino, un joven que volvía de trabajar.
Una campaña apoyada en las fuerzas de seguridad
Hoy Axel Kicillof se carga al hombro la campaña del peronismo en la provincia, recorre los municipios “entregando” patrulleros y demás pertrechos para la represión y el control social, su presencia en La Matanza es bastante asidua, tal vez porque no tiene la imagen tan cuestionada como el actual intendente..
Al Gobernador lo acompaña su vice Verónica Magario, quien fue intendente matancera y supo tener su propio escandalete de los patrulleros ploteados con su nombre en 2017.. Una dupla en la Provincia que mantiene intacta a La Bonaerense, con su impunidad y sus negocios, participando del delito organizado y que tuvo de ministro a otro represor como Sergio Berni, que encabezó el encubrimiento, entre muchos otros, del caso de Facundo Castro. Mientras Kicillof usa a la fuerza para su propia campaña electoral, hace menos de un mes pasó a “disponibilidad” a 24 policías que habrían usado recursos del Estado para colaborar en la campaña de LLA. Otro ejemplo de la impunidad de estas fuerzas vendidas al mejor postor.
En su afrenta pública, el Gobierno nacional dice que actualmente operan 450 efectivos federales en el distrito que, junto a vehículos tácticos y motos bitripuladas, con patrullajes, controles, operativos sorpresivos y presencia permanente. Espinoza le reclama que son 200 y que desde que asumió Milei bajó el envío de efectivos. Como contrapartida, el Intendente desplegó una campaña de carteleras y spots publicitarios festejando la incorporación de 400 patrulleros, motos y nuevos centros de monitoreo en el distrito.
¿Por qué los partidos-frentes-alianzas electorales hacen eje en la “seguridad” en este tramo de la campaña electoral? Porque consideran a las fuerzas represivas como un instrumento esencial para garantizar el control social, proteger la “propiedad privada” de los grandes empresarios y terratenientes y reprimir cualquier intento de protesta o lucha por parte de los trabajadores y sectores populares.
En los últimos años, todos los gobiernos, tanto del oficialismo como de la oposición, han coincidido en fortalecer y empoderar a las fuerzas policiales. En 2020 el gobierno de Alberto Fernández lanzó el “programa nacional para el fortalecimiento de seguridad” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), destinando miles de millones de pesos para la compra de patrulleros, cámaras y equipamiento represivo, además de incorporar miles de nuevos agentes. Fue después de un motín de las tropas que, en medio de la pandemia, habían dejado de “recaudar” con el narcotráfico y todo tipo de contrabandos. Esto llevó a que la provincia de Buenos Aires tenga una de las mayores proporciones de policías por habitante en el mundo, muy por encima de las recomendaciones internacionales.
Frente a la desocupación, pluriempleo y precarización de la vida especialmente de los jóvenes, el peronismo solo ofrece mano dura o que «se incorporen a las fuerzas». Porque en la Provincia también los beneficiados son los empresarios y amigos, no la juventud de familias de trabajadores.
En su pelea por recuperar votos perdidos, sacar ventaja y fortalecerse hacia octubre, el peronismo de Fuerza Patria (los mismos de siempre) quiere dejar claro que también apuesta a las fuerzas represivas, aunque esté manchada de corrupción y muerte de miles de jóvenes pobres. Kicillof, que por más progresista suene en su discurso, sigue siendo encubridor de crímenes cometidos por parte de la policía, quienes siguen gozando de impunidad, como el caso emblemático de Facundo Castro. La intendencia peronista prefiere reforzar el control a invertir esos mismos recursos en salud pública, educación, programas reales de empleo para los miles de jóvenes que trabajan en forma precaria por salarios de miseria.
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Las y los candidatos del Frente de Izquierda proponen una agenda completamente opuesta a las de las fuerzas que hace décadas gobernaban en la Provincia y La Matanza. Quieren discutir a fondo los problemas estructurales de un municipio empobrecido donde la degradación de las condiciones de vida de la mayoría es histórica, sostenida por control social y represión. Nicolás del Caño y Natalia Hernández (candidatos del FITU) proponen discutir una agenda real de los trabajadores, las mujeres y diversidades, jubilados y juventud, la agenda hacia una vida digna.