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El mapa de la detención en Chubut: menos casos, pero más mujeres involucradas

Según un informe reciente del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, las detenciones de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en la provincia han disminuido significativamente. De abril de 2024 a marzo de 2025, se registraron 301 detenciones, lo que representa una baja del 30% respecto al año anterior y una notoria reducción de 189 casos en comparación con 2022.

Si bien la mayoría de los detenidos son varones adolescentes (82,7%), el informe destaca un preocupante aumento del 18% en las detenciones de mujeres, que ahora representan el 17,3% del total. La franja etaria más afectada entre los varones es la de 16 a 17 años, mientras que en las mujeres, el 55,8% de los casos corresponde a edades entre 14 y 15 años.

Más del 77% de las detenciones están relacionadas con delitos, principalmente contra la propiedad, como robos y hurtos, muchos de ellos vinculados a la sustracción de mercadería en comercios. El documento señala que solo dos casos fueron por delitos graves. La mayoría de las detenciones ocurrieron en la vía pública, en horario nocturno, y los menores fueron alojados en comisarías, una práctica que el informe desaconseja.

El estudio resalta que Trelew concentra el 44,2% de las detenciones, lo que lo convierte en el epicentro de la problemática en la provincia. El informe relaciona esta alta incidencia con las condiciones socioeconómicas de la ciudad, que presenta elevados niveles de pobreza y desocupación. Esto refuerza la hipótesis de que las detenciones se dan mayormente en sectores vulnerables.

El informe enfatiza que la detención de menores debe ser un recurso excepcional. Se hace un llamado urgente a repensar las intervenciones del Estado para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. En este sentido, se destaca la iniciativa de la «Escuela de Reingreso» en Trelew, en colaboración con la Iglesia Católica, como un modelo a replicar. El documento concluye que es fundamental fortalecer los programas de prevención y garantizar derechos sociales básicos como el acceso a la alimentación, vivienda digna y educación.

Fuente: Jornada

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