El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la pena del caso Vialidad, determinó que por esa causa y las otras sentencias acusatorias que pesan sobre José López, deberá responder por una pena unificada de 13 años, una multa del 60% sobre el valor del enriquecimiento y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
«La pena única a imponer se fija en un quantum próximo al máximo legal previsto, que refleja adecuadamente tanto la magnitud de los delitos que concursan en forma real y, especialmente, el grado de culpabilidad del condenado», sostuvo el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en el fallo al que accedió Clarín.
José López previo a que la Corte Suprema de Justicia otorgue firmeza a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado del caso Vialidad, ya contaba con una sentencia por enriquecimiento ilícito, también confirmada por el máximo tribunal.
Por ese motivo, el Tribunal que aplicó la pena mayor es el responsable de unificar la pena a cumplir.
En esta ocasión el TOF 2 entendió que por la gravedad de los delitos cometidos, el ex funcionario kirchnerista debe cumplir una pena unificada de 13 años de cárcel.
En la resolución sostuvieron los magistrados: «dadas las particularidades de cada una de las penas de inhabilitación que le fueron impuestas a López en los diversos pronunciamientos que aquí se unifican, como así también de la pena de multa, habremos de recoger la propuesta fiscal efectuada en el punto y mantener, en los términos de sus respectivos pronunciamientos, cada una de ellas.»
Le dieron la razón al fiscal general, Diego Luciani, quien rechazó cualquier unificación de la pena. «En este caso se juzgó un hecho de gran corrupción con las más altas jerarquías del gobierno, del que fue parte el ex secretario de obras públicas, generando un colosal perjuicio al Estado», señaló.
En ese contexto se dijo: «Pedimos al Tribunal que se condene a José López a la pena de 13 años de prisión, en caso de que se considere oportuno unificar las penas».
Los fiscales ponderaron de forma negativa la «gravedad de los hechos, de los delitos cometidos» y se refirió al decomiso actualizado por parte de los peritos de la Corte Suprema que convalidó el TOF 2, «el valor oscila alrededor de los 537 millones de dólares», es sólo una parte para el MPF, «establecimos durante el juicio que los daños ocasionados ascendían a 1.000 millones de dólares».
Además, señaló que el rol de José López como Secretario de Obras Públicas durante la gestión kirchnerista, fue central «para el fraude colosal cometido, tuvo un acabado conocimiento de la maniobra delictiva y un rol preponderante en la misma».
La investigación conocida como «Vialidad», se concentró en las irregularidades alrededor de las 51 licitaciones viales que se adjudicaron a Lázaro Báez en los tres primeros gobiernos kirchneristas, en las cuales se determinó la existencia de un circuito de pagos exclusivos, licitaciones direccionadas, el pago de sobrecostos, falta de controles, procesos de concursos donde Báez disputada contra sí mismo las ofertas, entre otras.
En ese entramado de corrupción, sostiene la condena, José López fue determinante para que la maniobra defraudatoria se concrete. Tenía a su cargo la cartera de Obras Públicas pero esencialmente, era el responsable de garantizar los pagos irregulares al Grupo Austral.
Esto es: los seis años que el TOF 2 otorgó en el caso Vialidad, y la condena por enriquecimiento que se unificó con la tenencia de armas.
En cuanto al caso Vialidad, López recibió la misma pena que afronta Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti -ex titular de Vialidad Nacional-.
El defensor oficial, Santiago Finn, en el marco de la audiencia de unificación de la pena, había solicitado al TOF una unificación de la pena a través de la composición de condenas, no sumando las dos sentencia dictadas contra José López.
Hay dos métodos para la unificación: Por un lado está el denominado “método aritmético”, que es la sumatoria directa de las dos condenas. No es el sistema más aplicado: suele contemplarse el llamado “método composicional” a través del cual se integran las dos penas, “ya que de haberse juzgado todo en un único juicio sería menor a la suma aritmética”.
A la hora de argumentar su planteo indicó que el delito de corrupción, «el de administración fraudulenta, que es la verdadera causa del enriquecimiento, pierde mucha punibilidad el reproche por enriquecimiento ilícito porque integra la administración fraudulenta». Entonces se requirió que la pena se acerque más a la del caso Vialidad, es decir los seis años.
La pena unificada requerida por el defensor oficial es de ocho años. Entendió que la pena de Vialidad es de seis años, pero que no se debe realizar una suma aritmética respecto a la otra condena «para evitar duplicar las acusaciones»
Esto fue rechazado por el Tribunal aplicando una pena de trece años.