“No es nuestra intención volver a relatar la historia que estamos viviendo hace 6 años, pero sí consideramos importante que se visibilice aún más todo nuestro derrotero por la Justicia provincial y federal”, sostienen Marcela y Eduardo Champagna, quienes optaron ahora por dirigirse públicamente al juez federal Gustavo Lleral para que les dé respuestas a su demanda.
La denuncia de este matrimonio de jubilados comodorenses fue hecha en el Juzgado de Rawson en 2023. “Estuvimos dos años yendo y viniendo a Rawson para que nos enteremos de que la causa fue archivada, lo que fue realizado sin mediar comunicación alguna con nuestro abogado, ni con nosotros. Nos enteramos de manera casual de este archivo”, indicaron.
“Somos padres desesperados por el paradero; salud física y emocional; y forma de sustento de nuestra hija Marina. Sabemos con certeza que existen más que suficientes pruebas para actuar y castigar a aquellos que fueron los causantes de esta pesadilla”, sostienen en una carta abierta.
Allí le preguntan al juez Lleral “¿por qué hay tanto silencio? ¿Por qué no tenemos su palabra? ¿Una respuesta, una citación, contacto humano?”.
Marcela y Eduardo piden puntualmente al juez que “proteja a nuestra hija”, ya que “lo hacemos cargo a Ud. y a su equipo, quienes realizaron el seguimiento de las pruebas y actuaciones, por la integridad física moral y emocional de Marina”.
Asimismo, le expresan: “detenga Usted este atropello a nuestros bienes sabiendo que son las mismas personas involucradas las que quieren embargar nuestros bienes”.
“Nuestro camino nos ha dado una enorme fortaleza y ni Ud. ni nadie nos va a frenar para obtener esa Justicia. Si no es Ud. será otro juez, y si es necesario lo haremos visible a nivel nacional muy pronto, en lo judicial y en lo mediático”, advierten.
Recuerdan también los Champagna que después de 6 años de denuncias, “los responsables, a pesar de haber estado presos unos días, siguen en libertad y nosotros sin saber de nuestra hija amorosa y sufriendo el atropello sobre nuestros bienes”.
Los denunciados son de nacionalidad dominicana y están radicados en Puerto Madryn. Son A.J. L. P., sus hijos, S. E. D. P. y F. D. P. y la psicóloga E.S.C. de la misma ciudad, matriculada y en ejercicio de su profesión, a quien también denunciaron ante el Colegio de Psicólogos, ya que “esta profesional es coautora y partícipe de todos los delitos cometidos”.
Finalmente, se dirigen directamente a Marina, expresando que “deseamos desde el corazón que te comuniques con nosotros. No tengas miedo; nosotros estamos bien, con mucha fuerza. A nosotros nos guía y protege Dios y vamos con la verdad. Te amamos como siempre; te estamos esperando con mucho amor y los brazos abiertos”. El número de teléfono que indican es el 2975290759.
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