El Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei y ratificó por amplia mayoría la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad que asigna más recursos para el área, en una sesión marcada por el escándalo de los audios sobre presuntas coimas en ese sector del Gobierno, que derivó en una derrota cuyo impacto trasciende el aspecto fiscal. Es la primera vez el oficialismo no logra sostener un veto, última herramienta del líder libertario frente a la mayoría opositora del Congreso.
Sin la presencia de Victoria Villarruel debido al viaje de Milei a Estados Unidos, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), se puso al frente de la sesión en la que Unión por la Patria, la UCR, bloques provinciales y casi todos los senadores del PRO rechazaron el veto con 63 votos a favor y 7 en contra de la insistencia con la ley.
Los senadores de La Libertad Avanza bajaron al recinto resignados a sufrir una nueva derrota, mientras incluso el sector del radicalismo que solía apoyar al Gobierno anticipaba su rechazo al veto, cuyo primer revés fue el 20 de agosto en la Cámara de Diputados.
La emergencia en discapacidad, que ya en la primera instancia se había aprobado con una abrumadora mayoría de 172 votos contra 73 en Diputados y unanimidad de 56 en el Senado, volvería a entrar en vigencia. Sin embargo, el Gobierno evalúa judicializarla con el fin de -al menos- demorar su aplicación y evitar un impacto fiscal inmediato.
Durante el tratamiento previo y antes de las sospechas de corrupción que posaron sobre el área de discapacidad los sectores aliados a LLA intentaron convencer a la Casa Rosada de buscar una salida para evitar esta nueva derrota, con un veto parcial o un aumento a los prestadores financiado con dinero de las «pensiones mal otorgadas» que denunció, pero no lo lograron.
El Senado ratificó la ley de discapacidad: qué hará Milei y cuál es el real impacto del rechazo al veto
Ahora Milei queda atado de manos frente al rechazo. Cuando el Congreso insiste en una ley que ya fue vetada el Poder Ejecutivo no tiene más opción que promulgarla. Todas las instancias quedan agotadas. El Gobierno evalúa recurrir a la Justicia, aunque con un escenario incierto.
El Presidente ya había adelantado el mes pasado que si el Congreso le rechazaba un veto judicializaría el tema para que la ley en cuestión no tenga «efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero». Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la declaración de emergencia en discapacidad tiene un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Sin embargo, durante el transcurso del debate algunos de los senadores más dialoguistas deslizaron la sugerencia al Gobierno de no tomar la vía judicial. En tanto, los más confrontativos como José Mayans, jefe de la bancada Unión por la Patria, lo desafiaron: «Quiero ver que se anime. Si hace eso creo que se caga, directamente. No creo que sea tan estúpido», lanzó el formoseño.
La intención de Milei es clara, pero se abre ahora un margen de duda. No obstante, el impacto de la nueva derrota parlamentaria que sufriría Milei trasciende el aspecto fiscal porque exhibe como nunca la debilidad política que padece al oficialismo hace varias semanas: es la primera vez que no consiguen sostener un veto en el Congreso.
A ello se le suma el volumen histórico del revés que le propina el Senado, dado será la primera vez en 22 años que el Congreso desactiva un veto presidencial. La última fue en 2003 y ni siquiera fue un veto total sino uno parcial, sobre el Presupuesto de ese año.
Además, la insistencia en esta ley mantiene en el centro del debate público el escándalo sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que se destapó con los audios de Diego Spagnuolo, extitular de esa dependencia que reveló un presunto esquema de cobro de coimas en la compra de medicamentos y contratación de servicios en el área.
Justo en momentos en que el Gobierno busca correr el foco para minimizar el impacto del caso en las elecciones bonaerenses del domingo y en las nacionales de octubre, el debate de los senadores estuvo atravesado por este caso y unificó todavía más a los distintos sectores de la oposición para rechazar al veto sin importar lo que intente hace el Ejecutivo después.
El escándalo de las supuestas coimas en la ANDIS: cómo se metió en el debate del Senado
El rechazo abarcó a todos los bloques salvo por La Libertad Avanza y el caso Spagnuolo fue una parte central en los argumentos que dieron muchos de ellos.Al oficialismo se lo notó incómodo con toda la sesión: el jefe del bloque, Ezequiel Atauche, no hizo uso de la prerrogativa de cerrar el debate y una de las pocas voces que atinó a defenerlo fue la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero.
Tal fue el caso del catamarqueño Guillermo Andrada (Unión por la Patria), quien señaló que «la discapacidad no es una planilla, no son números, son derechos», y remató: «Lo que pensábamos que era una cuestión de eficiencia fiscal está apareciendo como una matriz de corrupción. Esto no es eficiencia, es crueldad».
La rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) justificó su rechazo al veto de Milei de forma similar: «La transparencia fue vulnerada por la denuncia de corrupción en la voz de quien era el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (…) Lo que tenemos que hacer es rechazar el veto y garantizar la ley».
En el marco de la sesión, el radical porteño Martín Lousteau también vinculó la emergencia en discapacidad con el escándalo, al señalar que «el que paga coima está vendiendo con sobreprecios» y «en la ANDIS se compraron medicamentos con sobreprecios del 28%». Además, remarcó que la droguería Suizo Argentina, que está «acusada de pagar las coimas, multiplicó por 31 veces sus ventas al Estado».
Los discursos más duros, lógicamente, fueron del kirchnerismo. Entre ellos estuvo el de la fueguina Cándida López, quien disparó: «Que la plata vaya a los discapacitados y no al bolsillo de la coimera de Karina Milei o de los Menem». Incluso, en un momento cantó el estribillo «alta coimera» que se viralizó en redes sociales a partir del caso de los audios.
Incluso se manejó la posibilidad de avanzar con un proyecto de resolución para interpelar a la hermana y secretaria general del Presidente. Finalmente, se decidió postergarlo, pero Sergio Leavy (Unión por la Patria) presentó una moción de preferencia para que se empiece a discutir en comisiones.
Qué dice la ley de emergencia en discapacidad
Entre sus puntos principales, la ley apunta a fortalecer el financiamiento de las pensiones no contributivas por discapacidad y establece que podrán acceder a este beneficio quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no presenten ingresos superiores a dos salarios mínimos y pasen una evaluación socioeconómica. La asignación será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado.
Además, establece una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, que agrupa a escuelas, hogares, terapeutas y transportistas y reclama hace tiempo por un atraso en los valores abonados. Frente a ello, la ley de emergencia ordena además una actualización mensual automática de aranceles, ajustada por el IPC.
El informe de la OPC indica el número de beneficiarios por nuevas altas podría aumentar a 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.8 y $3.6 millones. En tanto, la compensación de emergencia a prestadores demandaría $278 mil millones y la asignación para talleres de producción (otro aspecto de la ley) unos $7 mil millones.
Si el Gobierno decide, como anticipó Milei, ir a la Justicia el argumento que presentará para tratar de frenar la nueva norma y cuidar así el «equilibrio fiscal» que obsesiona al mandatario es que se viola la Ley de Administración Financiera, la cual señala que «toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos» para su financiamiento.
De cualquier forma, el rechazo del Senado al veto de Javier Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad representa un golpe que pasa a través de la discusión fiscal y de las maniobras judiciales y llega al punto más doloroso para el Gobierno: el escándalo de los audios y la debilidad parlamentaria que le genera hace tiempo una derrota tras otra.