El gobierno de Javier Milei sufrió una derrota parlamentaria contundente: la Cámara de Diputados rechazó los vetos a la Ley de financiamiento universitario y a la Ley Garrahan sobre pediatría. Afuera del Congreso hubo una movilización multitudinaria que expresó festejos y también reclamos más amplios contra el ajuste.
Este traspié se suma a una crisis política y económica que ya venía golpeando al oficialismo: caída de los mercados, suba del dólar y del riesgo país, además de la paliza electoral en Buenos Aires el 7 de septiembre. La cadena nacional de Milei intentando transmitir calma terminó convertida en burla por la repetición obsesiva de “equilibrio fiscal”.
La discusión ya no es sólo sobre las leyes vetadas: se empieza a abrir el debate sobre la gobernabilidad. ¿Está Milei knock-out o no? ¿Qué hace falta para echar abajo su plan? La consigna que atraviesa el programa es clara: hace falta organización desde abajo, plan de lucha y paro general, algo que la CGT sigue evitando.
Los testimonios desde la calle remarcaron la legitimidad social de las luchas: docentes, trabajadores del Garrahan, estudiantes, madres, jubilados y sectores de discapacidad que vienen enfrentando el ajuste hace más de un año. Allí se repitió una conclusión: la resistencia crece pese a la pasividad de las conducciones sindicales.
En el Congreso, el Frente de Izquierda intervino señalando la responsabilidad del FMI en el ajuste, la complicidad de sectores del peronismo y la necesidad de romper con el Fondo para abrir otro rumbo. Se destacó que la izquierda no tiene “diputados con peluca” —es decir, panqueques que cambian de posición según convenga al gobierno—, y que siempre acompañó la lucha en las calles y en el recinto.
El trasfondo económico es cada vez más frágil: un presupuesto 2026 armado con números ficticios, inflación dibujada, dólar subvaluado y promesas de aumentos irrisorios para jubilaciones, universidades y discapacidad. Los mercados no le creen al gobierno, y la perspectiva de default o reestructuración caótica vuelve a estar sobre la mesa.
El debate sobre quién gobernará a futuro se centra en la figura de Axel Kicillof, señalado como el gran ganador de las elecciones del 7 de septiembre y potencial candidato para 2027. Kicillof se presenta como una renovación del peronismo y como un interlocutor amigable para el establishment, apareciendo en medios como Clarín y La Nación, mientras critica la idea de romper con el FMI y plantea una “discusión madura” sobre la deuda.
Sin embargo, su historial de gobierno en la provincia de Buenos Aires, que lleva seis años, muestra persecución a docentes y complicidad con despidos y precarización laboral. Además, reproduce políticas que llevaron al fracaso del Frente de Todos y al ajuste de Martín Guzmán con el FMI. La crítica central es que, detrás de los discursos, la misma élite política y empresarial busca mantener su plan económico, dejando poco margen de cambio real para los sectores populares.
La estrategia del peronismo, tal como ocurrió durante la gestión de Macri entre 2017 y 2019, consiste en esperar hasta 2027, confiando en los plazos institucionales, mientras el ajuste continúa avanzando.
Pero esta espera es insuficiente frente a la ofensiva del gobierno del gran capital, respaldado por empresas como el Grupo Clarín, Vicentín y Paolo Rocca, y por el FMI. La alternativa por izquierda es una lucha inmediata desde abajo: defender salarios y jubilaciones, enfrentar despidos y promover un programa político que afecte los intereses del gran empresariado, con medidas como impuestos a grandes fortunas y ruptura del acuerdo con el FMI.
Además, el fortalecimiento electoral de la izquierda en octubre es clave para no depender de bloqueos políticos de diputados del peronismo o de partidos “panqueques”, asegurando que las luchas sociales tengan también respaldo legislativo. En síntesis, la acción es ahora, no esperar pasivamente hasta 2027, aprovechando la debilidad del gobierno y la conciencia social que se refleja en las movilizaciones.