Luego de la revocatoria de la suspensión del juicio a prueba para Jorge Taboada y otros 20 afiliados de la obra social de camioneros, queda un recurso que la defensa ya tendría resuelto presentar. Se trata de una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir si la resolución conocida el viernes pasado queda firme o es revocada.
Según pudo saber ADNSUR ante la consulta de fuentes que siguen de cerca el caso, ese planteo ante la corte nacional llevará un tiempo importante hasta que se conozca una decisión. Si confirma lo resuelto por Casación, entonces comenzará otra discusión, vinculada a la posible prescripción. Esto significa el vencimiento para el plazo de investigación y eventual sanción de un delito.
Si la Corte confirma la nulidad de la ‘probation’, se discutirá si el plazo para el juicio está vencido
De acuerdo a lo que se pudo establecer, la causa tenía fecha de prescripción el 20 de julio de este año. El Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Rivadavia había concedido la suspensión del juicio a prueba el 21 de mayo y lo que deberá discutirse, en caso de que se ordene la realización de un nuevo juicio (si es que la Corte confirma el fallo de Casación).
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Revocaron el beneficio de suspensión de juicio para Taboada y otros integrantes de Camioneros.
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A partir de ahí caben dos hipótesis. Una, si el plazo de prescripción quedó suspendido desde el momento en que se resolvió la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que habría un plazo inferior a 45 días para la realización del nuevo juicio. La segunda hipótesis, que podría ser planteada por la defensa, llegado el caso, es que el plazo de prescripción ya estaría vencido, porque no hubo sentencia firme para interrumpir el plazo de prescripción.
Nürnberg: “Nuestra posición es que los imputados deben ir al debate oral y público”
El fiscal de Cámara Federal, Teodoro Nürnberg, explicó los alcances de la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que anuló la suspensión de juicio a prueba.
“Lo concreto es que la Cámara hizo lugar al recurso de Casación, dejó sin efecto la suspensión del juicio a prueba y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para que continúe con la sustanciación del proceso”, precisó el fiscal en diálogo con Actualidad 2.0.
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Según indicó, la fiscalía había apelado la decisión inicial porque, pese a su oposición, se había concedido esa solución alternativa a favor de los 21 imputados. Nürnberg explicó que esa postura “es vinculante cuando está debidamente fundada, como establece el artículo 76 bis del Código Penal”.
“La postura de la fiscalía es que haya un debate oral y público, por eso nos opusimos en su momento a la suspensión del juicio que benefició a los imputados”, reseñó el fiscal.
Fundamentos de la apelación
El fiscal recordó que la oposición se basó en que entre los imputados había funcionarios públicos, como las enfermeras que formaron parte de la maniobra. Para quienes revisten esa condición, por ley no pueden acceder a una suspensión de juicio a prueba.
“Además, cuando en un mismo hecho hay algunos acusados que pueden y otros que no pueden obtener ese beneficio, la Procuración General de la Nación instruye a los fiscales a oponerse para que el juicio se realice respecto de todos”, agregó.
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Casación compartió esa interpretación y sostuvo que la oposición del Ministerio Público Fiscal estaba fundada, lo que obligaba a revocar la decisión que había suspendido el proceso.
“Nuestra posición es clara: debe hacerse el debate oral. Luego, como en todo sistema democrático, las defensas plantearán sus argumentos, los jueces resolverán y, si es necesario, habrá instancias de revisión”, concluyó.
Otro caso en revisión: la compensación que se le aceptó al ex diputado Santiago Igón
Nürnberg también confirmó que está pendiente de resolución un recurso de Casación en la causa vinculada a las vacunas, en la que se había otorgado una compensación al exdiputado Santiago Igon y a un médico. “Estamos a la espera de novedades en ese expediente”, indicó, al confirmar que aún no se produjeron definiciones desde la mencionada cámara encargada de revisar lo resuelto.
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En base a ese acuerdo, Igón aceptó pagar un monto de 3 millones de pesos para evitar ir a juicio oral y público, por haberse salteado el orden de prioridades al momento de iniciarse el proceso de vacunación contra el Covid 19, a principios del año 2021.