La causa judicial por las estafas millonarias a la obra social del Sindicato de Petroleros Privados llegó a su cierre luego de un acuerdo extrajudicial entre el gremio y los profesionales de la salud involucrados. La investigación había revelado la facturación de cirugías que nunca se realizaron, muchas de ellas supuestamente practicadas a niños y niñas hijos de afiliados, un dato que generó un fuerte impacto social y político.
El expediente tomó notoriedad pública cuando se conocieron los allanamientos a un traumatólogo infantil, un anestesista y una clínica, ordenados a pedido de la entonces fiscal de Delitos Económicos, Valeria Panozzo. La maniobra salió a la luz a partir de situaciones tan extremas como la de una nena que figuraba operada tres veces en apenas cuarenta minutos, sin estudios prequirúrgicos y con un alta médica registrada a los veinte minutos, según las fichas presentadas por los profesionales.
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En otro de los casos, la estafa quedó expuesta cuando el padre de un niño fue consultado por la evolución posoperatoria de su hijo, quien figuraba en recuperación tras una cirugía. La respuesta fue contundente: el menor nunca había sido operado, solo había sufrido un golpe.
Una estafa millonaria con cirugías inexistentes
La auditoría interna del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa permitió reconstruir una maniobra sostenida en el tiempo. Entre enero y junio de 2024, se detectaron 13 cirugías facturadas que nunca se realizaron, todas supuestamente practicadas a hijos e hijas de afiliados a la obra social OS.PE.RI.
El perjuicio económico estimado superó los 200 millones de pesos, y según la querella, se concretó mediante la utilización de documentación médica falsa, con partes quirúrgicos inconsistentes y prácticas inexistentes.
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El traumatólogo infantil y el anestesista sindicados como responsables fueron duramente cuestionados por el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, quien calificó la maniobra como “indignante” y sostuvo que utilizar a niños para cometer estafas demuestra un grado extremo de desfachatez.
Auditoras señaladas y desvinculaciones
En el marco de la investigación, el sindicato también solicitó que se ampliara la pesquisa para incluir a dos médicas auditoras, identificadas como C.V.E. (Allen) y P.V.M. (Neuquén capital), por su presunta participación en la autorización de los procedimientos irregulares.
Según el planteo gremial, ambas profesionales habrían avalado operaciones simuladas, contrariando las prácticas médicas habituales y convirtiéndose en partícipes necesarias de la maniobra. Sin embargo, con el acuerdo alcanzado, no serán judicializadas, aunque fueron desvinculadas de sus funciones.
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Qué resolvió la Justicia
Las actuaciones del Ministerio Público Fiscal detallan que la causa se inició formalmente en febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por la Comisión Directiva del sindicato, que expuso las irregularidades detectadas en la auditoría.
Durante la investigación, se realizaron entrevistas, pedidos de informes y allanamientos, hasta que el 18 de noviembre la parte querellante informó que había alcanzado un acuerdo conciliatorio extrajudicial con los médicos involucrados, que reparó de manera integral el daño económico sufrido.
Ante esta situación, la fiscal Valeria Panozzo consideró que correspondía aplicar un criterio de oportunidad, al entender que el conflicto primario había sido resuelto. “El derecho penal es la última ratio del sistema jurídico”, sostuvo, y dispuso el cierre de la causa y la restitución de los efectos secuestrados.
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La postura del Sindicato de Petroleros
Desde el gremio dejaron en claro que, más allá del cierre judicial, los médicos involucrados no volverán a trabajar nunca más como prestadores de la obra social, ni del sindicato, mutual o ART vinculadas.
Este martes, el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velazco explicó que las instrucciones del secretario general fueron precisas: recuperar la totalidad del dinero sustraído, con intereses y costas, y excluir de manera definitiva a los profesionales implicados.
Además, indicó que el acuerdo permitió abrir un canal institucional con la asociación de anestesistas, para que el propio organismo avance con sanciones disciplinarias internas contra sus asociados involucrados en el caso.