Comodoro Rivadavia se acerca a uno de los mayores desafíos de su historia económica. Un informe reciente de Fundar describe el “fin de un ciclo” hidrocarburífero en la Cuenca del Golfo San Jorge: desinversión, caída del empleo y erosión fiscal, con efectos en cadena sobre el consumo, el comercio y la vida urbana. En ese contexto, discutir comercio electrónico es discutir cómo se adapta (o se destruye) el tejido económico local en plena transición.
Fundar documenta que entre 2015 y 2025 el empleo hidrocarburífero cayó 17% en Chubut (y 35% en Santa Cruz), con cierres de pymes de servicios y caída de regalías; y subraya que el impacto se propaga por contracción del consumo y recesión del comercio y la construcción, con aumento de informalidad. Incluso cuando algunos indicadores son positivos —como una desocupación muy baja— el propio informe advierte que se explica por el desplome de la tasa de actividad (“efecto desaliento”) en un escenario de contracción del empleo formal y aumento de pobreza por ingresos.
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¿Dónde entra el e-commerce ahí? En la vida cotidiana, cada vez entra más por conveniencia y por precio; para muchas familias, comprar online puede significar acceder a más variedad o ahorrar. Según la CACE, la facturación del e-commerce en Argentina viene creciendo a ritmos muy altos: +68% en 2021, +87% en 2022, +175% en 2023 y +181% en 2024 (siempre contra el año previo); con una clara tendencia a la concentración de vendedores en el AMBA. Frente a una tendencia de crecimiento exponencial, el problema es que, desde una perspectiva integral, el comercio de proximidad y local es una pieza de la reproducción social de la ciudad. No solo vende: da trabajo, sostiene redes de proveedores, mantiene la circulación de ingresos en la ciudad, da crédito informal, organiza seguridad barrial y genera vida en la calle. En ciudades atravesadas por shocks productivos, esa capilaridad es un amortiguador social.
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El desafío al que se enfrenta Comodoro con el e-commerce no es excepcional; más bien es intrínseco al denominado “capitalismo de plataformas”: una forma de concentración donde la infraestructura digital (el marketplace, el ranking, los pagos, la logística, los datos) se convierte en un poder privado capaz de disciplinar comerciantes, consumidores y territorios. Para el caso de la región, el comercio electrónico tiende a favorecer a los grandes vendedores por la política de rankeo, y a permitir que mayoristas/importadores ubicados en Buenos Aires disputen mercados que antes abastecía el minorista local. Eso implica una redistribución regresiva del valor hacia el centro, facilitada por la deslocalización.
Con Temu (y, en paralelo, Shein y otras plataformas) la presión se vuelve más agresiva dado que ya no compiten solo con importadores y mayoristas que venden por MercadoLibre. En Argentina, el canal “puerta a puerta” fue el más dinámico de 2025, con crecimientos cercanos a 300% según reportes periodísticos basados en datos oficiales, empujado por estas plataformas. (iProUP) Y a nivel local, el tema ya está en agenda: ADNSUR viene cubriendo el impacto de las ventas electrónicas y la pérdida de competitividad del comercio comodorense, en un contexto de baja de actividad petrolera y altos costos operativos.
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En Europa, donde la reacción frente a estos fenómenos es más temprana, el debate implicó que a partir del 1 de julio de 2026 la Unión Europea impondrá una tasa de 3 euros a los paquetes de bajo valor que ingresen al bloque, apuntando explícitamente al aluvión de envíos asociado a plataformas como Temu y Shein. (Reuters) El mensaje es claro: cuando el “barato” se sostiene por asimetrías regulatorias y por una logística global que erosiona comercio y empleo, el Estado interviene.
Otro antecedente político interesante se dio en el primero de los gobiernos de Donald Trump. En su momento, Trump denunció públicamente a Amazon afirmando que el correo de Estados Unidos (USPS) terminaba subsidiando su logística y, en paralelo, que eso contribuía a destruir minoristas del interior de su país que sí pagan impuestos. Lo cual lleva a la pregunta ¿cómo se gobierna la logística —que siempre tiene componentes públicos o regulados— para que no termine funcionando como subsidio cruzado a plataformas que extraen valor del territorio?
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Traducido a nuestra región: si hay infraestructura logística, rutas, nodos, servicios postales y regímenes aduaneros/tributarios que facilitan la deslocalización de la compra, entonces lo que parece “eficiencia” puede ser, en términos macro y territoriales, fuga de demanda y debilitamiento del entramado local. En un período de transición como el que describe Fundar —donde la contracción del consumo ya golpea al comercio—, esa fuga pega doble.
La salida no es prohibir compras online ni moralizar al consumidor sino configurar infraestructura y reglas de una forma virtuosa para la región. Los distintos niveles de gobierno deben participar en el diseño de las infraestructuras digitales y sus anillos logísticos como cosa pública. Asimismo, pueden tomar iniciativas para crear alternativas a las tendencias ya mencionadas. Tiempo atrás, la entonces concejala Caren Tepp impulsó “Mercado Justo” en Rosario: una plataforma para concentrar oferta local y competir en valores cooperativos/solidarios (una idea de comercio justo aplicada a lo digital). La iniciativa fue presentada como una alternativa municipal para productores y comercios locales. ¿Es suficiente? Probablemente no, si se queda en “una web más”. Pero sirve como señal política: la digitalización puede organizarse con otros principios, no solo con beneficios para los grandes jugadores de las principales ciudades.
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En Comodoro, una agenda realista debería combinar una serie de iniciativas que reconfiguren el escenario de competencia. Ante todo, se debe tomar conciencia de la fuerza de estas tendencias, de crecimiento exponencial e irreversible. Luego, se debe tener una política activa en defensa del comercio de proximidad como programa social y urbano: incentivos a la modernización digital de comercios locales (catálogo, pagos, stock, venta por canales propios). Además, se debe incentivar una infraestructura para la logística local: si la logística es el cuello de botella entonces ahí se debe poner el foco. El objetivo no es que lo público le abarate costos a los grandes jugadores foráneos, sino que abarate y acelere la distribución del comercio local (retiro en tienda, centros de consolidación, última milla local, acuerdos con cooperativas de transporte). Si Europa discute tasas y control de paquetes para defender su mercado interno, nosotros deberíamos —como mínimo— discutir una gobernanza regional de la logística que priorice el tejido local.
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A futuro, es necesario poner en agenda una regulación antimonopólica y de transparencia algorítmica: si el ranking define quién vende, el ranking es una política pública de facto. Así como se debe defender a Mercado Libre frente a Amazon, Temu o Shein, también es necesario impulsar una modificación de su algoritmo de búsqueda para que trabaje de forma virtuosa para las economías regionales. Actualmente, la forma de su ordenamiento beneficia los más grandes (tiendas oficiales, mayoristas). Un enfoque orientado al desarrollo debe pedir reglas: transparencia sobre criterios de posicionamiento, medidas antidiscriminatorias para pymes regionales, y obligaciones de contribuir al desarrollo local (por ejemplo, fondos para capacitación y digitalización de pymes, o acuerdos de promoción regional con metas verificables).
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En definitiva, Comodoro está ante una transición que puede ser degradación o puede ser superación. Fundar lo plantea con un concepto potente: transición socioproductiva justa, con coordinación entre gobiernos, empresas, sindicatos y comunidades. Si eso es cierto para la matriz hidrocarburífera, también lo es para el comercio: o lo pensamos como parte de un proyecto de diversificación y cohesión social, o el comercio electrónico se convierte en otra forma de vaciamiento.