El diputado nacional por la provincia del Chubut, Juan Pablo Luque, formalizó la presentación de un proyecto de ley clave en la Cámara de Diputados de la Nación. La pieza legislativa buscó establecer el estado de “emergencia social, geológica, habitacional y urbanística” en las zonas de Comodoro Rivadavia que sufrieron las consecuencias directas del desplazamiento de la ladera sur del cerro Hermitte.
Esta medida, que encontró su réplica en la Cámara de Senadores a través de la gestión de Carlos Linares, pretendió dar una respuesta institucional de fondo ante un fenómeno natural que puso en crisis la infraestructura de diversos barrios de la ciudad petrolera.
La declaración de emergencia se proyectó, en una primera instancia, por un lapso de 180 días corridos. El texto de la norma previó la posibilidad de prórrogas en caso de que las condiciones de inestabilidad del suelo persistan. El exintendente comodorense fundamentó la urgencia en la necesidad de que el Estado Nacional active recursos extraordinarios para asistir a las familias que perdieron sus hogares o que debieron evacuar sus propiedades ante el riesgo inminente de derrumbe. En este contexto, Luque entabló una comunicación directa con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el fin de detallar la gravedad de la catástrofe y solicitar el envío inmediato de fondos para la asistencia directa de los damnificados que no podrán retornar a sus viviendas.
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Duplicación de beneficios y suspensión de tarifas
Uno de los puntos más relevantes del proyecto de ley se centró en el alivio económico para los ciudadanos afectados. La letra de la iniciativa planteó un incremento excepcional del 100% para las prestaciones sociales que otorga la Nación. Este beneficio alcanzó a los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, la Prestación por Desempleo y las becas Progresar. Asimismo, la propuesta incluyó a cualquier otra prestación no contributiva de seguridad social que perciban los habitantes de los sectores declarados en emergencia.
En la misma línea, el proyecto contempló una mejora del 100% para las jubilaciones y pensiones mínimas de los residentes damnificados. Para mitigar el impacto financiero en los hogares que debieron abandonar sus pertenencias, la ley propuso la suspensión total del cobro de las tarifas de servicios públicos esenciales. Esta medida incluyó los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable, además de las facturas de telefonía fija, móvil e internet. El beneficio se diseñó tanto para usuarios residenciales como para los comercios locales que sufrieron daños estructurales o el cese de sus actividades comerciales debido al desplazamiento de la masa de tierra.
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Líneas de crédito para la reconstrucción total
La reconstrucción de la zona afectada representó otro de los ejes centrales de la presentación legislativa. El proyecto requirió al Banco de la Nación Argentina la implementación de líneas de crédito preferenciales, diseñadas específicamente para personas físicas y jurídicas perjudicadas por el desastre natural. Se previó la creación de préstamos a tasa cero o con subsidios de tasa profundos, con plazos de amortización mínimos de diez años. Además, se incluyeron períodos de gracia que permitan a las familias iniciar la reconstrucción, reparación o compra de una vivienda única en sectores seguros de la ciudad.
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Estos créditos no solo se limitaron a la infraestructura habitacional, sino que también apuntaron a la restitución de bienes muebles dañados, tales como mobiliario, electrodomésticos y vehículos de trabajo que quedaron atrapados o destruidos por el avance del cerro. Para el sector productivo, la ley buscó garantizar la recuperación de comercios, industrias y emprendimientos locales, facilitando la reposición de maquinaria, mercadería y capital de trabajo. La intención de Luque y Linares fue que el financiamiento estatal sirviera como un motor de reactivación para una comunidad que quedó paralizada por la magnitud de los movimientos geológicos.
Recorrida en territorio y contacto con el Gobierno Nacional
Durante la tarde de este martes, el diputado Juan Pablo Luque recorrió la denominada «zona de catástrofe» junto a un equipo de concejales y diputados provinciales. En el territorio, el legislador dialogó con los vecinos evacuados que se encuentran alojados provisionalmente en el Club Talleres y con aquellos que permanecieron en las inmediaciones de sus casas aguardando una ventana de seguridad para rescatar sus pertenencias personales. El contacto directo con los damnificados permitió dimensionar el impacto humano de la crisis, más allá de los datos técnicos provistos por los geólogos.
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“La situación es catastrófica”, planteó Luque tras escuchar los relatos de las familias que debieron huir de sus hogares en pocos minutos. “Este evento superó cualquier análisis y previsión, y todavía no sabemos a ciencia cierta la magnitud de la afectación de estos movimientos”, remarcó el diputado. Para el legislador nacional, la prioridad inmediata se enfocó en resguardar la vida, reconociendo que el proceso de reconstrucción será paulatino y sumamente difícil para cientos de familias comodorenses.
Finalmente, Luque subrayó que estas circunstancias extremas pusieron de manifiesto la necesidad de un Estado presente en todos sus niveles: municipal, provincial y nacional. Señaló que las consecuencias del derrumbe son hoy imposibles de dimensionar de forma completa y que el trabajo conjunto es la única vía para resolver la situación habitacional de quienes atravesaron el peor momento de sus vidas. El proyecto de ley espera ahora su tratamiento en las comisiones del Congreso, mientras la ciudad continúa bajo una vigilancia geológica estricta para evitar nuevas tragedias.