La abogada argentina Agostina Páez fue formalmente imputada en Brasil por el delito de injuria racial, luego del episodio ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, donde fue acusada de realizar gestos considerados racistas hacia trabajadores de un local gastronómico.
La causa avanzó en las últimas horas luego de que la Policía Civil diera por concluida la investigación y remitiera el expediente al Ministerio Público Fiscal.
Desde la fuerza de seguridad del distrito confirmaron que el proceso judicial continúa su curso y remarcaron la gravedad del hecho. A través de un mensaje difundido en la red social X, la policía fue categórica: “El crimen no quedó impune, y en Río de Janeiro el racismo no es un juego”. La frase buscó marcar una postura institucional firme frente a hechos de discriminación, en un país donde este tipo de delitos tiene un fuerte reproche penal y social.
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En el marco del expediente, además, una amiga de Páez, también de nacionalidad argentina y oriunda de Santiago del Estero, fue señalada por la Justicia brasileña por presunto falso testimonio, situación que podría derivar en una imputación paralela y sumar complejidad al caso.
X de Polícia Civil RJ
Mientras avanza el proceso judicial, en las últimas horas trascendió un nuevo video vinculado al episodio. En las imágenes se observa a uno de los mozos del establecimiento realizando gestos obscenos y actitudes provocadoras hacia las mujeres argentinas, un comportamiento que la propia Páez había denunciado desde un primer momento como antecedente del conflicto.
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“Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, había declarado la abogada al relatar su versión de los hechos, sosteniendo que su reacción se dio en un contexto de hostigamiento previo. Este material audiovisual podría ser incorporado a la causa y resultar determinante para el análisis judicial, ya sea para atenuar su responsabilidad penal o para reconfigurar el encuadre de la imputación.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el nuevo registro está siendo evaluado por la fiscalía, que deberá determinar si existen elementos suficientes para considerar provocaciones previas o responsabilidades compartidas. No obstante, el delito de injuria racial en Brasil contempla penas severas, incluso cuando se alegan contextos de tensión o discusión.
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En paralelo, la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP) confirmó que el pasado miércoles se dispuso la colocación de una tobillera electrónica a Agostina Páez para monitorear sus movimientos, medida que se aplica a personas imputadas que permanecen en libertad condicionada dentro del territorio brasileño. La abogada, de 29 años, continúa retenida en el país vecino a la espera de nuevas resoluciones judiciales.
El caso generó un fuerte impacto mediático tanto en Brasil como en la Argentina, reavivando el debate sobre el racismo, la conducta de turistas en el exterior y las consecuencias penales de este tipo de hechos en otros sistemas judiciales. Mientras tanto, la situación procesal de Páez permanece abierta y su futuro dependerá del análisis final que realice el Ministerio Público Fiscal brasileño.