Durante la tarde del miércoles se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el hecho ocurrido el 14 de octubre de 2025 frente al Juzgado Penal del barrio Roca. En el expediente hay diez personas imputadas: José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca Rojas, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rúa, Fernando Miguel Cerezo, Juan Ezequiel Hernández y Vanesa Carolina Ulloa.
En primer término se analizó la situación de los imputados Casas, González y Cerezo, quienes cumplen medidas sustitutivas con presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. La fiscal general Andrea Rubio señaló que no existen motivos para modificar su situación, por lo que solicitó que se mantengan dichas medidas hasta el vencimiento del plazo de investigación. La defensa no se opuso y la jueza resolvió sostener las presentaciones periódicas hasta esa fecha.
Respecto de Brenda Rúa y Vanesa Ulloa, quienes cumplen arresto domiciliario, la fiscal sostuvo que la primera habría tenido un rol de partícipe necesario en el hecho, ya que —según la investigación— fue quien dio la señal para iniciar el ataque a las personas que se encontraban en una camioneta. Además, indicó que la imputada se encuentra cursando un embarazo, motivo por el cual se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario conforme lo establece la legislación vigente.
En relación con Ulloa, Rubio la señaló como la persona que organizó y planificó el ataque, por lo que solicitó que continúe con arresto domiciliario, medida que previamente se le concedió por cuestiones de salud.
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LO QUE PIDIO LA DEFENSA
Los defensores de ambas imputadas solicitaron la morigeración de las medidas. En el caso de Ulloa, su abogado pidió que recupere la libertad con presentaciones periódicas, mientras que la defensa de Rúa sostuvo que su asistida no efectuó disparos ni tuvo participación directa, por lo que requirió reemplazar el arresto domiciliario por presentaciones ante la Justicia.
Sin embargo, la jueza consideró que persisten los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que resolvió mantener el arresto domiciliario de ambas mujeres, además de la prohibición de contacto con los demás imputados, hasta el 14 de abril, fecha en que vence el plazo de investigación.
En cuanto a Hernández, Alancay, Arca Rojas, Reyna y Soto, la fiscal sostuvo que continúan vigentes los riesgos procesales. Según la acusación, Arca Rojas y Reyna serían los autores materiales de la tentativa de homicidio, mientras que Hernández y Alancay habrían participado de manera necesaria en el hecho. En el caso de Soto, fue considerado partícipe secundario, ya que habría portado un arma, aunque sin efectuar disparos.
Por este motivo, Rubio solicitó que se mantenga la prisión preventiva para los cinco imputados.
Las defensas plantearon objeciones. La abogada de Hernández pidió que se sustituya la prisión preventiva por arresto domiciliario, mientras que la defensa de Arca Rojas y Reyna indicó que aún se encuentran pendientes informes sociales que permitan evaluar una eventual morigeración. Por su parte, la defensa de Alancay sostuvo que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento y solicitó su arresto domiciliario o la libertad con presentaciones. En tanto, el defensor de Soto también pidió reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Finalmente, la jueza penal Raquel Tassello resolvió mantener la prisión preventiva de Hernández, Alancay, Arca Rojas, Reyna y Soto al considerar que la situación procesal de los imputados “no ha cambiado”.
La audiencia fue presidida por Tassello, con la participación de la fiscal general Andrea Rubio en representación del Ministerio Público Fiscal. La defensa de Reyna y Arca Rojas estuvo a cargo de María de los Ángeles Garro; la de Hernández, de Vanesa Vera; la de Casas, González y Cerezo, de Alejandro Varas; la de Alancay, de Alicia Dramesino; la de Ulloa, de Guillermo Iglesias; y la de Rúa y Soto, de Mauro Fonteñez.