El Presidente Javier Milei junto a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva
Obviamente, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el subsecuente crédito de US$20.000 millones no pueden ser gratuitos para la economía y la sociedad de nuestro país: el organismo exigió ciertas condiciones al Gobierno y Javier Milei está más que dispuesto a cumplirlas.
Entre esos compromisos que implican “reformas estructurales” aparece la evaluación y publicación de las empresas públicas sujetas a privatización, según la Ley Bases, con un plan para llevar a cabo ese proceso antes de que concluya el corriente año.
En concreto, está en elaboración una “hoja de ruta” para las privatizaciones y concesiones, elaborada por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales que conduce Diego Chaer, para luego dar a conocer las directrices necesarias para garantizar un proceso de privatización “eficiente y transparente” de las empresas estatales incluidas en la Ley Bases. Un deja vu menemista que todo el mundo sabe cómo terminó…
Las empresas privatizables, de acuerdo a la Ley Bases que ratificó mayoritariamente el Congreso, son Energía Argentina e Intercargo.
El Gobierno también podrá entregar acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), pero el Estado nacional deberá mantener la participación mayoritaria.
Además, la norma declaró a AYSA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores viales como sujetas a privatización o concesión.
Ya lo anticipó Guillermo Francos
De hecho, el Gobierno ya empezó a desprenderse de empresas estatales para poner en marcha de su agenda de “desregulación y reformas de mercado”, considerando que “el Estado no es empresario”, como aseguró Guillermo Franco en su informe de gestión en Diputados.
“El Gobierno asumió con la directiva que el Estado no es empresario. Ese rol puede ser mejor asumido por el sector privado”, afirmó hace pocos días el jefe de Gabinete, replicando casi exactamente aquel discurso del ministro Roberto Dromi, cuando en 1989 dio el puntapié inicial a la vorágine privatizadora de Carlos Menem.
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“La Jefatura de Gabinete informa que la decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado», enfatizó Francos, para que no quedan dudas de que la historia puede repetirse otra vez como tragedia.