Argentina volvió a quedar en la mira ante una nueva demanda en Estados Unidos por la falta pago de 1.500 millones de euros (US$ 1.739 millones). El reclamo fue presentado este lunes en Washington por algunos de los bonistas que el año pasado obtuvieron un fallo a su favor del Tribunal Supremo de Londres por los cupones de títulos atados al PBI emitidos bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2005 y 2010.
En la demanda, cuatro fondos de inversión (Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC, Virtual Emerald International Limited) plantearon ante la Corte del distrito de Columbia en Washington que solicitan el «reconocimiento y la ejecución de una sentencia firme sobre dinero» y que «Argentina admitió que más de 1.500 millones de euros de la sentencia de Inglaterra siguen pendientes e impagos«.
El conflicto llegó a la justicia cuando los fondos de inversión que poseían alrededor del 48% de los títulos demandaron a Argentina en 2019. Argentina intentó apelarlo en dos instancias, pero la Corte Suprema de Inglaterra lo rechazó y en octubre del año pasado vino el fallo del Tribunal Supremo de Londres, que le dio la razón a los demandantes para que cobren una indemnización millonaria más intereses.
Para apelar, el Gobierno de Javier Milei tuvo que pagar una garantía de 313 millones de euros (US$ 359 millones) el 29 de enero de este año. Pero los demandantes señalaron este lunes que «salvo los montos utilizados en virtud de la Carta de Crédito de Argentina y el pago de los montos pendientes de las costas de los demandantes, Argentina no ha pagado más de los 1.500 millones de euros de las sentencias inglesas».
El nuevo reclamo, a cargo del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, llega dos meses después del acuerdo con el FMI de un nuevo programa con un crédito por US$ 20.000 millones. Según el staff report, dentro de la deuda pública proyectada para este año figuran US$ 4.000 millones con holdouts y juicios finalizados, incluyendo reclamos relacionados a la litigación concluida en Londres por los cupones PBI.
«En el acuerdo del FMI con Argentina, por primera vez en al historia del Fondo con el país, reclasificó las contingencias legales como deuda. Argentina dijo el lunes siguiente que estaba charlando, en las últimas semanas dejó de responder los llamados y hoy presentaron esta demanda en busca de reconocimiento de una jurisdicción internacional en Estados Unidos», explicó Sebastian Maril, de Latam Advisors.
La elección de los tribunales en Washington no es casual. Los fondos con sede en Nueva York, Islas Caimanes e Islas Vírgenes creen que en Estados Unidos hay activos para embargar. Excepto oro, Argentina posee activos como los intereses de la deuda ya emitida que pasan por el Bank of New York Mellon (BoNY) para pagarle a los bonistas, como es el caso de los títulos que vencen el próximo 9 de julio por US$ 4.500 millones.
Sin embargo, el interés de los demandantes estaría en la deuda que podría colocar Luis Caputo si logra bajar el riesgo país de los actuales 714 puntos a la mitad y consigue acceder a los mercados internacionales después de las elecciones. «Toto Caputo va a recibir un llamado telefónico diciéndole que no se le ocurra hacer el road show porque ya tienen una medida cautelar para embargarle los dólares», dijo Maril.
Cristina Kirchner vivió una pesadilla similar cuando el juez Griesa impidió la distribución de US$ 900 millones depositados en el Bank of New York Mellon para pagar el vencimiento de intereses en junio de 2014. El fallo fue por el reclamo del «fondo buitre» NML, de Paul Singer, y Argentina entró en «default selectivo» al mes siguiente. De ahí que Estados Unidos es una jurisdicción sensible para la Argentina.
La demanda se originó luego la intervención del Indec en 2007, bajo la gestión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que manipuló los datos de inflación. En 2013, el INDEC cambió el cálculo del PBI, informando un crecimiento del 2,9%, lo que evitó el pago a los acreedores que se debía gatillar si la economía crecía más del 3,2% y significó un ahorro de US$ 3.600 millones en 2014.