El gobierno de Santa Cruz anunció que accionará legalmente para proteger el 5% de las acciones de YPF que posee, ante el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que ordena transferir el 51% estatal a fondos buitre. La provincia aclaró que ese paquete accionario ya no está en manos del Estado Nacional, sino que pertenece a las provincias productoras, en su mayoría a través de acuerdos firmados hace más de una década.
El revuelo comenzó tras dos resoluciones judiciales emitidas en Nueva York este lunes. La jueza Preska ordenó a la Argentina ceder la titularidad del 51% de YPF como forma de pago por los juicios iniciados por los fondos Burford Capital y Bainbridge, que reclaman más de 16.000 millones de dólares en total. En ese marco, Santa Cruz aseguró que el 5% de ese paquete ya le pertenece y no puede ser utilizado como garantía ni pago.
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Una cesión legalmente acordada
La provincia de Santa Cruz firmó acuerdos en 2012 y 2014 con Nación y YPF, en los que quedó establecido que accedería al 5% de las acciones expropiadas de la empresa. Ese compromiso fue ratificado por ley provincial, y los pagos por ese paquete accionario fueron realizados a través de 60 cuotas mensuales de un millón de dólares, además de beneficios otorgados a YPF en la prórroga de concesiones petroleras.
Además, el entonces secretario Legal y Técnico Carlos Zannini confirmó en el Senado que las provincias pagarían por sus acciones, y que esos montos no podrían ser reclamados nuevamente por Nación, cerrando la discusión sobre su propiedad.
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Inviabilidad del fallo
El Estado Nacional solo posee el 26% del total de acciones de YPF. El resto, un 25%, pertenece a las provincias productoras como Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Río Negro, entre otras, que cedieron temporalmente su poder de decisión a Nación por un plazo de 50 años, pero sin perder la titularidad.
Por eso, desde Santa Cruz consideran que el fallo es de imposible cumplimiento soberano, ya que la jueza Preska no puede ordenar la transferencia de acciones que no son propiedad del Estado argentino, sino de una provincia autónoma, en virtud de la ley de expropiación.
Acción legal conjunta
El ministro de Energía provincial, Jaime Álvarez, informó que la Fiscalía de Estado ya está trabajando junto con los abogados de YPF para apelar la medida judicial. “Vamos a tomar todos los recaudos a nivel nacional e internacional para defender los intereses de la provincia”, sostuvo Álvarez en conferencia de prensa.
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YPF también apelará la decisión, y desde el gobierno provincial anticiparon que seguirán muy de cerca el devenir del caso en los tribunales estadounidenses. El objetivo será demostrar la propiedad provincial de ese 5% accionario y evitar que se lo utilice para saldar una deuda que Santa Cruz no contrajo ni convalidó.