La decisión del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de aplicar los fondos que recibe del Estado nacional por la deuda con su caja previsional para mejorar los haberes de los jubilados, generó expectativa en otras provincias.
Pero en Chubut, la situación es distinta, porque la provincia renunció a ese posible reclamo judicial a partir del acuerdo de compensación de deudas con Nación.
Así lo explicó Rosa Contreras, vocal por los pasivos en el directorio del ISSyS, en diálogo con Actualidad 2.0. Según indicó, en Chubut no existe un haber mínimo provincial unificado como ocurre a nivel nacional, ya que las jubilaciones varían de acuerdo al régimen al que haya pertenecido el trabajador.
Jubilados de ISSyS, durante una manifestación realizada en 2021.
Diario Jornada
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Sin embargo, reconoció que más de 10.000 de los 21.000 jubilados provinciales cobran menos de $1.300.000, lo que marca un fuerte deterioro del sistema.
“En nuestra ley hay distintos regímenes según el sector al que perteneció el trabajador. Hay una mínima provincial muy baja, de unos $300.000 mensuales, que es la que cobran algunos grupos como amas de casa o auxiliares de la educación jubilados después de 2019 y otros sectores”, detalló.
Contreras subrayó que los sectores más perjudicados son justamente esos: auxiliares escolares, docentes con un solo cargo y otros trabajadores de ingresos bajos. Muchos de ellos, aseguró, quedaron con haberes jubilatorios cercanos a los $ 300.000 pese a haber tenido sueldos en actividad de $700.000 o más, debido a la falta de actualización de los índices desde 2019.
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En ese contexto, la media de las jubilaciones provinciales ronda entre $1.300.000 y $1.400.000, pero ese promedio esconde una gran dispersión: hay un grupo reducido que cobra alrededor de (o poco más de) $2.000.000 -principalmente profesionales de la salud o docentes con varias horas cátedra- y otro segmento más pequeño, como exfuncionarios judiciales o jueces, que pueden llegar hasta cerca de los $ 10.000.000.
“Con $2.000.000 no se vive, si tenés que pagar alquiler o medicamentos», remarcó Contreras.
¿Por qué Córdoba pudo acceder a más fondos de Nación y Chubut, no?
El contraste con Córdoba es notable, no por los montos de haberes (que en aquella provincia tienen un promedio mucho más bajo), sino por la oportunidad que tuvo de recuperar fondos que le adeuda Nación.
Según se informó días atrás, esa provincia aplicará un refuerzo para llevar la jubilación mínima de $ 380.000 a $ 700.000, y otorgará un bono de $100.000 cada dos meses a quienes cobren menos de $1.300.000.
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Contreras explicó que Córdoba y San Luis fueron las únicas dos provincias que judicializaron la deuda del Estado nacional por los déficits previsionales, y ambas ganaron los juicios. Eso les permitió lograr un acuerdo de pago, por el cual Córdoba ya está recibiendo $ 60.000 millones mensuales para reforzar su caja.
En Chubut (que es una de las 13 provincias que no transfirió su caja jubilatoria a Nación, al igual que Córdoba y San Luis), en cambio, no sólo no se judicializó la deuda, sino que además la provincia renunció a ese derecho en el acuerdo de compensación firmado con Nación a fines del año pasado.
“Nosotros renunciamos a seguir reclamando judicialmente esa deuda. El déficit que debería cubrir Nación para la caja de Chubut es de unos $ 5.000 millones por mes, pero esto se conoce sólo por una simulación interna, ya que no hay pagos efectivos ni, como se dijo, tampoco se reclamará judicialmente.
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“Una sola vez, en el año 2022, hubo un pago pero no ingresó al Instituto, sino que fue a Rentas Generales”, cuestionó Contreras, al referir que se dijo que esto iría “para obras públicas”. Pero no hubo pagos posteriores y hoy no hay sustento legal para el reclamo.
“Estará no sólo en el gobierno provincial el no renunciar tan rápidamente a derechos y plantear otro tipo de discusión, sino también en todos los jubilados de la provincia -evaluó-, para reclamarlo. Y además, habrá que garantizar que en caso de acceder a los fondos, el dinero ingrese al Instituto y no vaya a Rentas Generales”.
Y concluyó con una advertencia: “La lucha por la sustentabilidad de la caja no es solo por los jubilados actuales, sino también por los que vienen. Si seguimos dejando pasar este derecho, vamos a tener un sistema cada vez más débil y con menos respaldo político y financiero”.