La empresa farmacéutica Suizo Argentina, investigada por presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mantiene una extensa red de vínculos con el Estado nacional. Documentos oficiales revelan que en menos de dos años recibió 28 adjudicaciones del PAMI y firmó contratos por miles de millones de pesos con distintas dependencias, incluyendo los ministerios de Defensa, Seguridad y Salud.
Una red de contratos
Según registros del PAMI, la droguería obtuvo 28 adjudicaciones en los últimos veinte meses, muchas bajo la modalidad de “compulsa abreviada”, que reduce plazos administrativos y evita la publicación en plataformas oficiales. Además, fue beneficiaria de acuerdos con ANDIS en el marco del programa Incluir Salud, donde en menos de un año concentró compras por alrededor de 55.000 millones de pesos, consolidándose como proveedora principal.
La firma también resultó contratista de los ministerios de Defensa y Seguridad. En el caso del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció un convenio por 50.000 millones de pesos avalado por el ministro Luis Petri y reclamó su investigación judicial.
Los audios que desataron el escándalo involucran a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, y a Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, quienes habrían intervenido en negociaciones para favorecer a Suizo Argentina. Ambos funcionarios fueron apartados de sus cargos.
El rol de Karina Milei
En esas grabaciones, Spagnuolo señala la existencia de una red de corrupción que llegaría hasta la propia Casa Rosada, con un presidente que haría “la vista gorda” ante el entramado. Si bien no menciona una participación directa de Javier Milei, sí apunta contra su hermana Karina, figura clave del oficialismo. Desde su desembarco en el gobierno, mucho se ha hablado de ella como tarotista, pastelera e incluso como “el Jefe” del armado libertario. Hoy, las sospechas la colocan como la “cajera” del esquema de recaudación política.
No es la primera vez que su nombre aparece en medio de polémicas. Desde el inicio mismo de la gestión trascendió el intento de cobro al orfebre Juan Carlos Pallarols durante el armado del bastón presidencial. Algo similar ocurrió con el proyecto Libra, donde se mencionó que sus impulsores habían conseguido una reunión con Milei tras abonar una presunta comisión a Karina.
En el caso de los organismos ligados a Suizo Argentina, las denuncias sobre recaudación de fondos en el PAMI no provienen únicamente de la oposición: incluso funcionarios libertarios habían advertido irregularidades que nunca fueron esclarecidas.
Repercusión judicial y política
El caso es investigado por el juez federal, Sebastián Casanello, y el fiscal, Franco Picardi. En los allanamientos realizados se incautaron documentos, teléfonos celulares y grandes sumas de dinero. Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, fue encontrado con 266.000 dólares y más de siete millones de pesos en efectivo en su vehículo.
Desde el oficialismo predomina el silencio y la negativa a dar explicaciones sobre los audios. Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional involucrado en las grabaciones, rechazó las acusaciones y calificó el caso como una “operación política” impulsada por la oposición en pleno año electoral.
Sin embargo, la magnitud de las contrataciones y las pruebas incautadas incrementan la preocupación dentro del Gobierno, que teme el impacto del escándalo en la campaña presidencial de Javier Milei.
La justicia avanza en el análisis de la documentación secuestrada para determinar si existieron sobreprecios o direccionamiento en las licitaciones. El rumbo de las pericias podría ampliar el caso hacia nuevas áreas del Estado y complicar aún más a la gestión libertaria.
Investigar hasta el final
La experiencia libertaria ha demostrado que quienes le deberían poner límites al ejecutivo permiten que haga y deshaga a su antojo. Para que se haga justicia y exista un esclarecimiento sobre todos los involucrados debería actuar una comisión investigadora independiente del poder político y conformada por personalidades intachables que puedan llevar la investigación hasta el final y que sean castigados y vayan presos todos los responsables. Además, tienen que dejar de ser funcionarios todos los coimeros, comenzando por “el jefe” Karina.
Además, es necesario impulsar la movilización popular denunciando que mientras recortan áreas como la de discapacidad y se llenan la boca de discursos demagógicos enalteciendo el equilibrio fiscal, también se llenan los bolsillos con estas corruptelas.