El Gobierno nacional anunció una modificación clave en el sistema de medicina prepaga que tendrá impacto directo en el bolsillo de los afiliados.
A través de la derogación de un artículo de la Resolución 2400/2023, los excedentes de los aportes de los trabajadores deberán destinarse a reducir el valor de la cuota mensual, y ya no podrán ser absorbidos por las empresas del sector.
La decisión apunta a corregir un mecanismo que, según voceros oficiales, significó una transferencia millonaria a favor de las compañías privadas durante casi dos años. Hasta ahora, si un trabajador aportaba una suma superior al valor del plan contratado, la diferencia quedaba en manos de la prepaga, sin generar beneficio alguno para el afiliado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de explicar el cambio durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Durante casi dos años, las prepagas se beneficiaron con miles de millones de pesos que correspondían a los afiliados”, afirmó. Según el funcionario, aquella normativa había sido parte de un acuerdo político con el sector. “Fue un favor que la gestión anterior les hizo a las prepagas a cambio de congelar la cuota en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral”, sentenció.
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Adorni sostuvo que la derogación responde a una lógica de equidad: “Ahora los excedentes serán de los trabajadores y no más de las prepagas. Es un acto de justicia para millones de personas que durante todo este tiempo aportaron de más sin recibir nada a cambio”.
El ministro de Salud, Mario Lugones, también se refirió al tema y detalló cómo funcionaba el sistema. A través de un mensaje publicado en la red social X, explicó que “si un trabajador aportaba $120 y su plan cotizaba $100, la diferencia se la quedaba la prepaga. Ahora, esos fondos vuelven a sus dueños”. El funcionario consideró que se trataba de un “privilegio” que había sido incluido como un “artículo oculto” en la normativa de la Superintendencia de Servicios de Salud.
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Lugones adelantó además que, a partir de la entrada en vigencia de esta modificación, cada factura deberá detallar de manera clara y visible el monto de subsidio automático que recibe cada afiliado. Ese subsidio será aplicado directamente como descuento sobre la cuota. “Durante casi dos años, 1.800.000 personas vieron cómo se les retuvieron miles de millones de pesos. Esa apropiación se termina”, concluyó.
La medida no solo implica un alivio económico para los usuarios, sino que también abre un nuevo frente de debate con las empresas de medicina prepaga, que ya venían cuestionando las regulaciones y advirtiendo sobre los costos de funcionamiento del sistema. Con esta decisión, el Gobierno busca mostrar una señal política de defensa del poder adquisitivo de la clase media, en un contexto de fuerte discusión por las tarifas y el acceso a la salud.
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En el corto plazo, se espera que la modificación impacte en la facturación de los próximos meses y que los afiliados puedan comprobar en sus recibos la reducción proporcional. En algunos casos, el descuento podrá representar un alivio significativo, mientras que en otros el beneficio será más moderado. De cualquier manera, la medida constituye un cambio estructural en la forma en que se administran los aportes.
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Las autoridades remarcaron que se trata de un paso más dentro de una agenda de revisión de las regulaciones del sistema de salud, que incluye a obras sociales y prepagas. Si bien no se descartan futuras medidas, por ahora el foco está puesto en transparentar los mecanismos de facturación y asegurar que los fondos de los trabajadores se traduzcan en un beneficio tangible para los usuarios.