El bloque de diputados del PRO resolvió enarbolar los temas de «agenda institucional», para volver a las fuentes que le dieron origen y sentido al partido Propuesta Republicana, en momentos que el expresidente Mauricio Macri le reclama al presidente Javier Milei que respalde la agenda legislativa del PRO.
Sus legisladores presentaron un proyecto de Resolución para desplazar a la funcionaria kirchnerista Beatriz de Anchorena, titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, «heredada de la gestión anterior», por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, impulsaron una sesión para que la semana que viene puedan darle «media sanción a los proyectos de Ficha Limpia, el voto de los argentinos en el exterior y la modificación del Código Penal en materia de Reincidencia y Reiterancia» de delitos, según informó el bloque de diputados del PRO.
Los diputados acusan a la presidenta de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de no haber tenido ninguna participación anterior ni posterior al dictado del decreto 780/24, de septiembre pasado, pese a que contiene numerosas restricciones al acceso a la información pública.
Beatriz de Anchorena brindó un informe en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el mes pasado, pero sus argumentos fueron considerados «insuficientes» por los diputados del PRO, que cuestionaron duramente a la funcionaria kirchnerista, que asumió durante el gobierno de Alberto Fernández.
El proyecto de Resolución reclamando su desplazamiento fue presentado por Silvana Giudici. Y también lo firmaron el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, junto con los diputados Hernán Lombardi, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y otros siete diputados macristas.
Es que el PRO considera a la Ley de Acceso a la Información Pública como un logro del gobierno de Mauricio Macri y pretende defender el espíritu de esa norma, que fue restringida por el Decreto 780/24.
«Presentamos un proyecto de resolución para solicitar la remoción de la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sus explicaciones acerca de la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública en la Comisión de Asuntos Constitucionales no fueron suficientes, y consideramos que la titular de la agencia ha incumplido su competencia evitando su responsabilidad y que sigue siendo necesario modificar la reglamentación restrictiva de la Ley N° 27.275, sancionada durante nuestro gobierno», sostuvo el bloque macrista.
Beatriz de Anchorena fue designada como presidenta de la AAIP por el entonces presidente Alberto Fernández, en marzo de 2022, con mandato hasta 2027. En la audiencia pública donde se debatió su postulación, De Anchorena fue cuestionada por parte de organizaciones que se ocupan de los temas de acceso a la información pública y protección de datos personales, por la falta de conocimiento y trayectoria en temas específicos, así como por su dependencia del Gobierno kircherista.
Cuando fue citada al Congreso, el mes pasado, De Anchorena cuestionó el Decreto de Milei, ya que «limita» la autonomía de la Agencia. Además, consideró importante «subsanar» la restricción para la información «de caracter privado», ya que «si una institución considera que la información solicitada es de caracter privado, ni siquiera recorre los pasos establecidos en la propia ley para una denegatoria» de la información.
En ese sentido, la presidenta de la AAIP explicó que la Dirección de Contenido y Normativa del organismo oficial hizo un listado «sobre los puntos críticos del Decreto, a la espera de ser convocados a una mesa de diálogo, pero no fue posible una reunión».
Un decreto restrictivo
El presidente Javier Milei dictó en septiembre pasado el Decreto para reglamentar algunos aspectos de la Ley de Acceso a la Información Pública, que recibió numerosos cuestionamientos de especialistas y dirigentes políticos de la oposición porque se contrapone al espíritu de la normativa sancionada por el Congreso en el año 2016. De hecho, hay varios proyectos de ley para derogarlo.
El Decreto 780/24 establece que el Gobierno podrá negar el acceso a información pública pedida por cualquier ciudadano cuando se trate de «datos privados» de los funcionarios, para proteger la vida privada de Milei y sus ministros.
Este criterio restrictivo ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el «ámbito privado» del Presidente de la Nación.
Pero ahora se amplió su alcance, ya que se establecieron límites más precisos y generales sobre qué información se podrá solicitar y en qué condiciones el Gobierno puede negar el acceso a información pública, «especialmente cuando la solicitud pretenda ingresar a una esfera típicamente doméstica», según establece el nuevo decreto.
Con este criterio, por ejemplo, el Gobierno ya no tendrá que responder positivamente a los pedidos de acceso a la información pública que pretendan saber quiénes ingresan en la Quinta de Olivos, si el funcionario considera que son visitas de carácter «privado».
Además la nueva normativa restringe la difusión de documentos que incluyan «deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares» sobre un acto de gobierno.
Esto le podría servir al gobierno de Milei, por ejemplo, para negar el acceso a información clave sobre los encuentros, borradores o escritos previos de normas específicas, como por ejemplo los debates que se dieron en el gobierno en torno al DNU 70/23 y la Ley Bases.
El Decreto 780/24 también crea una nueva figura jurídica, que no estaba contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue sancionada en septiembre de 2016 y que ya había sido reglamentada en marzo de 2017, a iniciativa de numerosas organizaciones de la sociedad civil y con el respaldo del entonces presidente Mauricio Macri.
La nueva figura es la del «abuso del derecho», para perseguir judicialmente a quienes no realizan el pedido de acceso «de buena fe».
En este caso, por ejemplo, el funcionario que lo considere pertinente puede no solo rechazar la solicitud presentada por una persona en su pedido de acceso a la información pública, sino además perseguir judicialmente a quien solicitó la información y reclamar el pago de una indemnización por considerar que actuó «de mala fe».
Por último, la nueva normativa restringe la información de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, ya que elimina un párrafo completo del primer inciso del artículo 8 de la ley sancionada por el Congreso.
El párrafo eliminado de la ley por el nuevo decreto establecía que la restricción de información «en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas».
De este modo, el decreto reglamentario de Milei altera el texto y el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La polémica en torno a este Decreto presidencial se da en un contexto complejo para las libertades de expresión y de prensa. Es que durante el mes anterior al dictado del decreto restringiendo el acceso a la información pública Milei atacó en forma personalizada a 50 periodistas y medios, de quienes dijo que son «ensobrados», «pauteros», «esbirros manipuladores» y «cómplices de los verdaderos violentos», entre otros calificativos despectivos. Y propuso someter a los periodistas al «escarnio público.
Durante la última Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en la provincia de Córdoba el mes pasado, la entidad alertó que los periodistas y medios trabajan bajo el acoso y los insultos de Milei, con «hordas digitales» que amplifican los insultos, incluyendo amenazas. También se cuestionó allí el decreto presidencial que restringe el acceso a la información pública.