El Gobierno de Javier Milei designó este martes a Santiago María Castro Videla como nuevo Procurador del Tesoro de la Nación, en reemplazo del exjuez Rodolfo Barra. El profesional, que estará a cargo de dirigir el cuerpo de abogados que brindan asesoramiento y defienden al Estado nacional en los juicios, es miembro en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde uno de sus socios fue testigo para el fondo «buitre» Burford Capital en el caso por la expropiación de YPF.
«El Presidente de la Nación ha definido designar como nuevo Procurador del Tesoro de la Nación a Santiago María Castro Videla. Es un abogado especializado en derecho administrativo y diplomado en derecho constitucional y procesal«, indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dio la noticia a través de su conferencia de prensa matinal desde Casa Rosada.
Santiago Castro Videla es el nuevo Procurador del Tesoro
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Acerca del nuevo encargado de dirigir a los abogados del Estado, de 43 años, detalló que «profesor invitado desde hace 15 años en la Universidad Austral, y es autor de libros y decenas de artículos académicos. Obtuvo un magister en Derecho Administrativo y un diploma en Derecho Constitucional Profundizado, ambos títulos de posgrado en la misma casa de estudios, en 2013 y 2018, respectivamente.
A su vez, ejerce como docente en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración y trabaja en el estudio que encabeza el prestigioso constitucionalista Alberto B. Bianchi, uno de los testigos que presentó Burford Capital en el juicio contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF, realizada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato, en el año 2012.
El fondo especializado en litigar en el mundo en causas similares, presentó a Bianchi y los expertos en derecho argentino, Alejandro Garro y Alfredo Rovira. En estos casos, la figura del testigo no refiere al de un testigo ocular, como en otros ámbitos, si no en la de un experto que, en esta situación puntual, declaró para exponer acerca de la legislación argentina. Por parte del país, se presentaron a declarar los letrados Rafael Manóvil, Alejandro Uslenghi y Alfonso Santiago.
En ese sentido, dentro del mundo jurídico existen voces que plantean si la relación entre Castro Videla y Bianchi, que trabajó como experto para los demandantes en el juicio en Manhattan, representa o no un conflicto de intereses.
Algo similar le había ocurrido a Barra, antecesor del nuevo Procurador del Tesoro, que en abril de 2024 debió excusarse en el juicio contra Argentina por la expropiación de YPF. En sus argumentos, planteó los principios de «prudencia e independencia de criterio», tras conocerse que dictaminó a favor de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad mediante un informe técnico.
La primera opción del Gobierno para ocupar la Procuración del Gobierno era el exjuex Ricardo Rojas, que este martes confirmó que declinó al ofrecimiento. Sin embargo, una fuente oficial le adelantó a la agencia Noticias Argentinas que Castro Videla sería confirmado hoy en el puesto por Adorni y lo definió como un «discípulo de Rojas«.
Asimismo, en el mundo jurídico afirman que es lógico pensar que incluso Bianchi es cercano a Milei porque el jurista defendió las facultades del Presidente en ámbitos doctrinarios acerca de los alcances del «Mega» DNU 70/2023 e incluso escribió una columna en La Nación a favor del mismo.
«Quienes lo analizan en abstracto, lo condenan sin atenuantes. Hacen un ejercicio matemático, suman cuantitativamente sus disposiciones y sostienen que el Poder Ejecutivo pretende ejercer con él la suma del poder público, prohibida por el artículo 29 de la Constitución. Ven en Milei una suerte de Rosas redivivus. Con todo respeto, no puedo compartir este análisis. Es errado, en primer lugar, hacer caso omiso del contexto, del ‘estado de excepción’”, había expresado en la nota publicada en diciembre de 2023.
El juicio por la expropiación de YPF
El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una empresa constituida en España propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%.
El 7 de mayo de 2012 entró en vigencia en la Argentina la ley de Interés Público, que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino. En julio de 2012, Petersen se declaró en quiebra en España, tras haber incumplido en mayo de 2012 el pago de los préstamos que hicieron un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.
En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos. El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de Burford Capital, que presenta los reclamos en nombre de Petersen.
Un mes después Petersen presentó una demanda contra la República e YPF por “incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio”. Luego, Eton Park también presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre de 2023, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la magistrada confirmó que la Argentina debería pagar casi US$16.100 millones más intereses.
En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
FP